La agroexportadora Vicentin, en línea con un pedido de la banca extranjera, acortará los plazos de pago. Podría venirse un nuevo pedido de prórroga
El juez del concurso, Fabián Lorenzini, habilitó que la nueva propuesta sea analizada en el marco del concurso.
Vicentin pondrá sobre la mesa una nueva mejora en su propuesta de pago, cuyo eje central será el acortamiento de plazos, en línea con un pedido de los bancos extranjeros. La agroexportadora tiene hasta el próximo 31 de marzo para lograr las mayorías necesarias que convaliden su acuerdo, pero hay altas chances que haya un nuevo pedido de prórroga, que podría ser convalidado si la compañía logra sumar un volumen importante de adhesiones.
Aunque existe una fuerte oposición del Banco Nación y un nutrido grupo de acreedores granarios, el escenario más probable hoy es que la firma santafesina pase a manos de la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina. Para que ello suceda debe homologarse el acuerdo preventivo, que requiere de una doble mayoría: de acreedores y de capital. La primera estaría asegurada porque la propuesta vigente contempla un pago inicial que resuelve la situación de unos 800 acreedores (sobre un total de 1.700), que cobrarán su crédito cash y sin quita. La segunda requiere sí o sí de los bancos internacionales, hacia quienes se están dirigiendo los esfuerzos de Vicentin por estas semanas.
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La novedad que pudo confirmar La Capital es que la agroexportadora tiene lista una nueva mejora en su oferta. Hasta aquí, luego del pago inicial, los acreedores debían esperar un año para el segundo cobro. Ese plazo se acortará a seis meses, en línea con una solicitud formalizada por la banca extranjera. Claro está que dicha mejora correrá para todos los damnificados por el default, incluso para quienes ya firmaron las primeras adhesiones a la propuesta presentada en enero.
Vale recordar que a mediados de febrero, el juez Fabián Lorenzini dio curso a la propuesta presentada por Vicentin, un trámite de lo más ordinario pero muy simbólico, tras el bochazo que le propinó a la concursada en diciembre, cuando acompañó su primera oferta. Desde aquél momento, e incluso antes, Vicentin deja trascender que ya quedó todo encaminado, algo que está muy lejos de ser cierto pero tiene una parte de verdad.
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Lo más sustancial por estos días será conocer algún gesto de los bancos extranjeros. En privado ya los han realizado e incluso en off admiten que las negociaciones están muy bien encaminadas, pero otro sería el panorama si lo admitieran públicamente o en el expediente.
Amén del aval de las grandes firmas internacionales, Vicentin debe encarar un trabajo no menor, que es lograr las adhesiones de la mitad más uno de los acreedores. Dados los exiguos plazos, varias fuentes que participan del expediente indicaron que hay altas chances que caiga un nuevo pedido de prórroga. En el juzgado no cae del todo simpática la idea -plantean que ya se han dilatado bastante los tiempos-, pero admiten que en caso de reunir suficientes adhesiones, podrían analizarla.
Si para el 31 de marzo -en caso de no haber nuevas dilaciones- la firma no logró las mayorías necesarias para la aprobación de la oferta concursal, se abre la instancia de cram down, un mecanismo previo a la quiebra que permite que acreedores u otro actor externo puedan formular alternativas.
Un grupo de acreedores -que sostienen representar el 25% de los créditos granarios- viene manifestándose en contra de la propuesta de Vicentin (la tildan de “engañosa e ilegal”) y sostienen que presentarán una opción de salida superadora, en el marco de un eventual cram down. Las empresas contrataron como agente financiero al UBS Investment Bank.
El Banco Nación, otro actor crítico
El otro actor clave que se manifiesta críticamente es el Banco Nación, principal acreedor del concurso pero cuyo peso específico en el expediente se fue reduciendo. Hoy tiene poco margen para oponerse: como la mayor parte de su crédito se categoriza como “privilegiado”, no incide a la hora del cómputo de las mayorías. Por esa misma condición, podría boicotear el acuerdo, pero su actitud tendría límites políticos, dado que se enfrentaría a un grupo de 800 acreedores que de prosperar el actual esquema cobrarían sus deudas en forma inmediata.
El origen de su “privilegio”, incluso, lo puso en otro brete. Su pertenencia a esta categoría se deriva de que es uno de los pocos acreedores que viene cobrando parte de su deuda: lo hace por tener prendada la facturación de una planta de etanol ubicada en Avellaneda, que desde hace meses funciona al mínimo de sus posibilidades. Vicentin planteó en varias ocasiones que la fábrica no tiene futuro a menos que el banco acepte un cambio de garantías, pero al órgano que conduce Eduardo Hecker no lo convence en lo más mínimo.
Marzo será otro mes clave para definir el futuro de la agroexportadora, cuya crisis explotó en 2019, aunque se gestó mucho antes, según la hipótesis de diversas investigaciones judiciales. Según indicaron los auditores forenses que, en el marco del expediente concursal, rastrearon las causas del default, hubo al menos desde 2017 una estrategia contable de ocultar información. Los especialistas plantearon oportunamente que entre 2017 y 2018 la firma omitió registrar pasivos por 858 millones de dólares.
Las conclusiones de los auditores forenses fueron parte de la prueba presentada por el fiscal rosarino Miguel Moreno, quien en el marco de la causa penal logró imputar por estafa a los principales directivos de la agroexportadora.
