El expresidente Alberto Fernández intentó distanciarse en las últimas horas del escándalo del negocio millonario con los seguros que contrataba la ANSES durante su gestión, por el cual fue denunciado, y aseguró: “Yo no pedí por nadie”.
Una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros, por lo que la mirada recayó sobre Fernández, no solo por tratarse de una decisión que se tomó durante su mandato, sino también por ser un área que conoce en profundidad y por los vínculos que mantiene con dos personas que fueron claves en ese esquema.
La normativa que dejó sin efecto el Gobierno nacional ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero al mismo tiempo permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones por sobre los valores de mercado. Entre 2019 y 2023, esta área estuvo en manos de Alberto Pagliano, un amigo cercano de Alberto Fernández. Ante este escenario, ambos fueron denunciados por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Por otro lado, en la investigación se identificó como uno de los brokers que se vieron beneficiados a Héctor Martínez Sosa, quien está casado con una secretaria del expresidente.
En este contexto, el antiguo mandatario intentó despegarse del escándalo al indicar: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, sostuvo al diario La Nación.
Incluso, el antiguo mandatario planteó que el objetivo de su decreto 823/2021, normativa que habilitó luego el sistema de intermediación, era eliminar precisamente todo lo contrario, puesto que planteaba que los contratos debían realizarse por convenio interadministrativo en el caso de la administración central, mientras que el resto de los organismos tenían que hacerlo a través de diferentes regímenes de contrataciones.
Por otro lado, descartó haber hablado con Martínez Sosa sobre su rol como intermediario del Estado, así como también negó que haya existido un encuentro entre él, el esposo de su secretaría y Pagliano. De igual forma, defendió a uno de los que se vieron beneficiados con este negocio millonario al sostener: “(Martínez Sosa) No se trata de un Lázaro Báez”.
La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, titulada “Destapan otra caja negra de la política en la ANSES”. El periodista contó que Osvaldo Giordano, recientemente desplazado del Gobierno de Javier Milei, investigó dentro del organismo durante los dos meses que duró en su cargo un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios. En la investigación, en concreto, Roa mencionó al empresario Pablo Torres García.
Las dudas surgieron a partir de algunas maniobras que se habrían realizado en el marco de la resolución 2/2022, de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aprobó la solicitud de los servicios de Nación Seguros. Según el texto, la empresa estatal, que pertenece al grupo financiero del Banco Nación, se debía hacer cargo de “la cobertura de Seguro de Vida Colectivo sobre Saldo Deudor para los beneficiarios tomadores de préstamos dentro del Programa ‘Créditos ANSES’, para las líneas de créditos destinadas a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC), Pensión al Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)”.
Es decir, cada vez que el organismo le otorgaba un préstamo a un jubilado o beneficiario de alguno de los mencionados planes sociales, debía contratar un seguro de vida para esa persona y solamente podía hacerlo a través de esta compañía estatal. En esta intermediación, de acuerdo a la investigación que fuentes oficiales confirmaron que está en ANSES, se habrían cobrado comisiones del orden del 17%, el triple que lo normal en el mercado.
La resolución en cuestión se tomó en cumplimiento del decreto 823/2021, que se emitió un año antes por disposición del entonces Presidente, de su jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien era el ministro de Economía, Martín Guzmán. Establecía que todas las entidades del Sector Público Nacional “deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.
Pero el artículo cuarto de la norma aclaraba que, a su vez, esta empresa “podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo”, dar participación en forma de coaseguro, “a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros”. Aquí se habilitaba el ingreso de intermediarios que debían estar bien conectados, ya que no se habría generado ninguna licitación ni compulsa su contratación.
