Cristina Kirchner fue condenada a prisión este martes, luego del fallo definitivo de la Corte Suprema con respecto a la causa «Vialidad». La ex presidenta de la Nación pidió cumplir su condena en el departamento en el que vive junto a su hija Florencia, su custodia y sin tener la tobillera electrónica colocada.
Por su parte, la fiscalía insiste en que su detención sea inmediata tras conocerse el fallo de los tres jueces del Supremo.
A través de una presentación de 13 carillas, los abogados de Cristina, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que su defendida pase directamente al arresto domiciliario y no tenga que pasar por una alcaldía.
El arresto domiciliario se llevaría adelante en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py 2002 y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.
Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de “inmediata detención” de la ex vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.
Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados. Dejarla presa en una cárcel común «de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.
El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.
Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
