Tras recibir el manejo de la investigación, Leonel Gómez Barbella ordenó una batería de medidas, se puso a disposición de la familia. La autopsia comenzó esta mañana.
Leonel Gómez Barbella, titular de la Fiscalía N°32, pidió al Juzgado N°7 las detenciones e indagatorias de los tres policías acusados de asesinar el miércoles pasado a Lucas González, el jugador de Barracas Central de 17 años que falleció tras ser baleado por efectivos en uno de los acceso de la villa 21-24, en un caso de gatillo fácil.
“Hay que indagarlos. La prueba es suficiente”, asegura una fuente cercana al expediente.
La causa fue delegada al fiscal ayer por la tarde, tras una decisión del magistrado Martín del Viso. En un lapso de cuatro horas, decretó un estricto secreto de sumario, contactó a la madre de Lucas para informarla del progreso de la investigación y requirió también a la DOVIC, el área de la Procuración dedicada al acompañamiento de víctimas, que asista a los González. Además, en un segundo escrito elevado al juez Del Viso, Gómez Barbella requirió que cualquier pedido de eximición de prisión que sea presentado por las defensas del inspector Gabriel Isassi, del oficial mayor Fabián López y del oficial José Nievas sea rechazado. Los abogados, por fallas en el sistema, aún no pudieron consultar los escritos en el expediente.
Ayer por la mañana, el Juzgado de Menores N°4 que recibió el caso en un primer momento a causa de las detenciones de los tres jóvenes que acompañaban a Lucas, se declaró incompetente y sobreseyó a los detenidos que habían sido liberados poco antes, señalando que eran víctimas en el hecho, no sospechosos. También se prohibió que los policías acusados salgan del país.
Las ordenes de arresto aún no fueron firmadas por el juez Del Viso en la mañana de este sábado. La división Homicidios de la Policía Federal espera la orden para detener a los sospechosos. Lo que sí fue ordenado es la pericia balística a las armas incautadas a los policías, a las vainas servidas recogidas en la escena y a los cuatro impactos de bala camioneta Volkswagen Suran en la que viajaban Lucas y sus amigos, un estudio que estará también a cargo de la PFA.
La pericia balística es considerada una prueba clave, pero para los investigadores el cuadro probatorio actual amerita el arresto y la indagatoria, a cuatro días del crimen. La calificación es la de “homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones”, el cual prevé la pena de prisión perpetua y no es excarcelable bajo ningún punto de vista.
En su pedido de rechazo a las eximiciones, Gómez Barbella y Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, aseguraron que hay riesgo de que los policías se fuguen y entorpezcan la causa, de cara a supuestas mentiras en el sumario original, como un enfrentamiento que no existió: “No escapa del análisis, que existen serios indicios que hacen sospechar de que los imputados, han tergiversado los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no sólo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también de entorpecer la investigación, afirmaron. El ministro porteño Marcelo D’Alessandro ya había requerido al juez original de la causa que detenga a los efectivos.
El cuerpo de Lucas fue trasladado a la Morgue Judicial para uno de los análisis centrales del caso, una situación que el fiscal del caso busca acelerar. La autopsia, según confirman investigadores, comenzó hoy a las 8 de la mañana.
La demora llama la atención en Tribunales. A cuatro días del crimen, los González todavía no pueden velar a su hijo, con una cochería en Florencio Varela que ya fue confirmada para realizar el sepelio.
