El fiscal Eduardo Taiano imputó formalmente al exministro de salud de la Nación Ginés González García y a su exjefe de gabinete Lisandro Emilio Bonelli, su sobrino, en el caso en que se investiga el vacunatorio VIP que funcionaba en su cartera.
El fiscal pidió, además, allanar el Ministerio de Saludos y el Hospital Posadas, de Haedo, de donde salieron las vacunas.
El fiscal impulsó la investigación contra Ginés González García, sus colaboradores y los políticos y amigos del poder beneficiados irregularmente con vacunas contra el Covid-19, mientras trata de reconstruir el circuito paralelo de vacunación que funcionaba en la cartera de Salud.
Taiano sostuvo en su dictamen que según las denuncias Ginés González García habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos del «Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina», dictado el pasado 29 de diciembre.
Además el 19 de febrero de 2021 el periodista y escritor Horacio Verbitsky había concedido una entrevista a un programa radial, en el marco de la cual manifestó «decidí vacunarme.me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García -a quien conozco de mucho antes que fuera ministro- y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas.Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna».
Los denunciantes precisaron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían un lote de vacunas Sputnik V que habría sido apartado del circuito oficial de distribución y, por lo tanto, no repartido conforme al plan delineado por el Gobierno nacional.
Por eso el fiscal pidió allanar el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas para reunir evidencias. Quiere obtener el libro de visitas del Ministerio y el registro de las cámaras de filmación entre el 1 y 19 de febrero de 2021, las constancias de los viajes efectuados por los vehículos oficiales desde y/o hacia el Hospital Nacional Posadas, así como también la nómina de personas que recibieron la vacuna. Asimismo, pidió verificar la existencia del lugar utilizado para inmunizar, obtener fotografías y realizar un croquis.
Además pidió allanar el Hospital Nacional Posadas para obtener las imágenes de las cámaras de filmación entre los días 1 y 19 de febrero de 2021, el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas allí, la nómina de personas inoculadas y el listado de personal de la institución asignado al plan de vacunación contra el virus Covid19. La idea es citarlos a declarar.
Según indicaron fuentes judiciales a LA NACION, unas 13 denuncias se concentraron ayer en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, incluida la del fiscal Guillermo Marijuan, y al menos cinco de ellas estaban ya acumuladas en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Se denuncian delitos como favorecer la propagación de enfermedades, violación de deberes de funcionario público o malversación de caudales, entre otros.
El fiscal Eduardo Taiano es quien está dando el primer paso para instar la investigación penal. Trabaja contrarreloj para presentar a primera hora de mañana el requerimiento de instrucción que habilita a la jueza Capuchetti a tomar las primeras medidas de prueba.
En consonancia con el pedido de Marijuan, Taiano trata de reconstruir cómo era el mecanismo informal por el que se accedía a estas dosis.
Ya tienen una aproximación: los invitados accedían por un ascensor y eran inoculados si figuraban en una lista VIP. Se investiga a los colaboradores del ministro que organizaban el circuito, se trata de determinar si se usaban autos oficiales para los traslados del personal y de las vacunas desde el Hospital Posadas.
Al momento de analizar las responsabilidades se buscará determinar si estas acciones encuadran en un delito penal y cuál es ese delito. El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, en un intento de poner a salvo la campaña de vacunación y separarla del escándalo, dijo que «se está aplicando una vacuna cada minuto y medio» y pidió no ensuciar «el esfuerzo colectivo entre el personal de salud y la población».
En cuanto a los vacunados mediante este mecanismo, la citación judicial quedará en suspenso hasta que esté claro en qué condiciones van a declarar, si como imputados por tener participación en algún delito o como meros testigos.
Con el requerimiento de instrucción, la jueza Capuchetti estará en condiciones de avanzar con la investigación.
Además de la denuncia de Marijuan fueron sorteadas en la Cámara Federal una iniciada por el abogado Yamil Santoro contra González García, otra de Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, que tiene como denunciado a González García y también al diputado nacional Eduardo Valdés y al periodista Horacio Verbitsky; la de Marijuán y otra del diputado del Pro Jorge Enríquez.
Se suman a ellas actuaciones que realiza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, que está reuniendo información para reconstruir la maniobra y determinar si hay otros elementos para ampliar la imputación penal.
