Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó este viernes la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
La causa, iniciada en diciembre de 2025, analiza la adquisición de bienes en esa provincia que podrían haber sido financiados con fondos vinculados al fútbol argentino.
### Investigación y acusaciones
El fiscal federal Pedro Simón imputó a ambos dirigentes por asociación ilícita agravada y lavado de activos, según fuentes judiciales. De esta manera, quedaron involucrados en una nueva causa penal que se suma a otras investigaciones en curso en distintas jurisdicciones.
### Allanamientos y bienes bajo sospecha
Entre las medidas solicitadas, el fiscal pidió allanamientos, peritajes e inhibición general de bienes, mientras que la decisión final deberá ser tomada por el juez Guillermo Díaz.
De acuerdo con la investigación, existirían al menos 35 propiedades registradas a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino y su entorno. Estas incluirían estancias, viviendas y lotes, además de vehículos, participaciones empresariales e inversiones financieras.
### Posibles maniobras y red societaria
Según el dictamen fiscal, Claudio “Chiqui” Tapia habría permitido movimientos de fondos hacia empresas presuntamente vinculadas a Toviggino, lo que configuraría una estructura destinada al desvío de dinero.
Entre las firmas mencionadas figura Real Central SRL, asociada a un presunto testaferro, y otras sociedades que integrarían una red empresarial. También se menciona a TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, por operaciones bajo análisis.
### Otras causas en paralelo
La investigación en Santiago del Estero se suma a otra causa en trámite en la ciudad bonaerense de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
En ese expediente, la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir la competencia territorial de la causa.
El fiscal solicitó las detenciones al considerar que existe riesgo de fuga, en función de la estructura investigada y los recursos económicos involucrados.
