Una auditoría puso bajo la lupa el manejo del patrimonio de Tini
La disputa entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el control económico de la carrera de la cantante podría adquirir una dimensión judicial si las investigaciones sobre el patrimonio de la artista encuentran irregularidades.
Según la información difundida, una auditoría privada habría detectado que Tini, pese a desarrollar una carrera artística durante más de 15 años, no tendría participación accionaria ni control directo sobre algunas de las sociedades que administran ingresos vinculados con su música, imagen y contratos comerciales.
El conflicto derivó en una reorganización del esquema patrimonial y profesional que había sido utilizado durante años. La artista, además, habría comenzado a recuperar el control directo de sus finanzas con la intervención de sus nuevos representantes legales.
En este contexto, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó en Infobae en Vivo qué consecuencias jurídicas podría tener la situación si una investigación judicial confirmara la existencia de maniobras que hubieran perjudicado económicamente a la cantante.
Qué responsabilidad tenía Alejandro Stoessel cuando Tini era menor
Sigal explicó que durante la minoría de edad de Tini existían determinadas facultades de representación vinculadas con su actividad económica. La situación, según indicó, cambia cuando la persona alcanza la mayoría de edad.
El abogado señaló que la participación del padre en la administración de los intereses económicos de su hija durante esa etapa no constituye por sí misma un delito.
En ese sentido, también aclaró que la existencia de sociedades comerciales vinculadas con la actividad artística tampoco implica automáticamente una irregularidad. Este tipo de estructuras pueden utilizarse para organizar contratos, ingresos y cuestiones patrimoniales propias de una carrera artística.
El punto que podría generar consecuencias legales sería, eventualmente, el destino y manejo de los fondos pertenecientes a la artista y la existencia de un eventual perjuicio económico.
Administración fraudulenta y defraudación, entre los delitos posibles
De acuerdo con el análisis de Sigal, si una pericia judicial determinara que hubo un perjuicio patrimonial provocado mediante determinadas maniobras, podrían analizarse figuras previstas en los artículos 172 y 173 del Código Penal.
Entre ellas aparecen la defraudación y la administración fraudulenta, aunque la eventual responsabilidad penal dependería de lo que pueda probarse durante una investigación judicial.
El especialista remarcó que una auditoría privada no sería suficiente por sí sola para establecer la existencia de un delito. En caso de presentarse una denuncia, la Justicia debería realizar sus propias pericias y reunir elementos de prueba para determinar qué ocurrió.
Qué penas podrían aplicarse
Según explicó Sigal, los delitos mencionados contemplan penas que pueden ir de uno a seis años de prisión, dependiendo de la figura penal y de las circunstancias que se acrediten.
El abogado también señaló que, si se comprobara la existencia de varias maniobras independientes, podría analizarse la aplicación de las reglas del concurso real de delitos, lo que podría modificar la escala penal aplicable.
De todos modos, cualquier eventual imputación y la determinación de una pena dependerían de una investigación formal, de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopte la Justicia.
También podría analizarse la situación tributaria
Además del eventual perjuicio patrimonial hacia Tini, Sigal planteó otra posibilidad: que una investigación pueda revisar la situación impositiva de las sociedades involucradas.
En ese escenario, si se detectaran irregularidades tributarias, podrían intervenir también los organismos correspondientes y analizarse eventuales infracciones o delitos vinculados con la materia fiscal.
Por ahora, el conflicto se encuentra centrado en la reorganización del patrimonio y el control de la carrera profesional de Tini Stoessel. La existencia de un delito, sin embargo, no puede darse por acreditada a partir de una auditoría privada: cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada mediante una investigación judicial y con las correspondientes pruebas.
