El gremio de la docencia pública, Amsafe, expresó formalmente este miércoles su posición ante la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe con la presentación de dos proyectos que buscan consolidar y ampliar derechos en materia educativa y previsional. La organización sindical docente remarcó que la reforma no debe ser un retroceso en materia de conquistas laborales y sociales, sino una oportunidad para fortalecer el rol del Estado, la educación pública y la protección previsional.
Uno de los proyectos se centra en la educación con sus propias propuestas de modificación de los artículos 109 al 113 de la Carta Magna provincial. En ese marco, Amsafe plantea, en primer término, que la educación debe quedar consagrada como un derecho social, con responsabilidad indelegable del Estado.
«La educación no es un servicio ni una mercancía, es un derecho que debe ser garantizado por el Estado con recursos para los estudiantes y para los trabajadores. Debe garantizar la obligatoriedad tanto del nivel inicial, como del nivel primario, secundario. También los contenidos transversales como la educación sexual integral (ESI), la educación bilingüe. Y sobre todas las cosas, planteamos claramente, que debe respetar el ámbito paritario. Todo esto debe ser parte de la letra de la Constitución», detalló Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, en diálogo con la prensa frente a la Legislatura, donde sesiona la Asamblea Constituyente.
Una de las propuestas más novedosas es la creación de un Consejo Provincial de Educación, que existe en algunas jurisdicciones como Entre Ríos. «Planteamos la creación de un órgano de gobierno en el que participen todas las voces: el Ejecutivo sí por supuesto, pero también los trabajadores, los estudiantes y la comunidad educativa. Las políticas educativas deben discutirse de manera participativa», remarcó el dirigente.
Además, desde el gremio insisten en que el respeto al ámbito paritario debe tener jerarquía constitucional: «No puede seguir pasando que se destruya el espacio de negociación colectiva», sostuvo Alonso.
Uno de los proyectos es sobre jubilación y otro sobre garantía de derechos educativos. Foto: G. Di Salvatore
Sistema solidario y 82% móvil
El otro proyecto apunta a la modificación del artículo 21, vinculado al régimen jubilatorio. «Planteamos que el sistema jubilatorio tiene que ser estatal, público, solidario y de reparto. Y que la Caja de Jubilaciones debe ser intransferible, no puede pasar a manos de la Nación ni de ningún grupo privado», afirmó.
Asimismo, el gremio exige que la «nueva Constitución» garantice que ningún docente jubilado cobre menos del 82% del salario de un activo y que los aumentos se otorguen de forma simultánea. Alonso advirtió que «cualquier reforma jubilatoria debe discutirse en el ámbito paritario» y puso como ejemplo el perjuicio generado por la última reforma previsional: «En el primer semestre, la inflación fue del 16,4% y los jubilados solo recibieron un 8% de aumento», dado que a partir de esa reforma del 2024, el sector pasivo docente percibe las subas recién a los 60 días que los activos.
-¿Pudieron abordar estos temas con distintos sectores políticos y puntualmente con el oficialismo que tiene mayoría en la Convención?, se le preguntó a Alonso.
-No, lo que hicimos fue, previo a la elección de los constituyentes, presentar estos temas como Central de Trabajadores a los distintos candidatos. Lo que esperamos ahora es que los constituyentes, particularmente la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, nos convoquen para poder expresar claramente cuál es nuestra posición sobre estos temas.
No es un tema menor lo que estamos discutiendo. Creemos que cuando hablamos de una reforma Constitucional, lo que se está poniendo en juego es cuáles son las reglas para los próximos 30 ó 40 años en la sociedad. ¿Y cuáles van a ser esas reglas: con menos derechos o con más derechos? Lo que nosotros planteamos claramente, es que tiene que ser con más derechos para el pueblo de Santa Fe.
Fuente: El Litoral
