La interna del Sindicato de Camioneros volvió a escalar y desbordó el ámbito gremial para impactar de lleno en el Gobierno de la Ciudad y en las empresas de recolección de residuos. En un movimiento inesperado, Hugo Moyano reactivó el reclamo por las indemnizaciones previstas en la denominada “Ley Moyano”, pese a que hace un año había acordado dejarla sin efecto.
Un reclamo reactivado en medio de la pelea de poder
En octubre de 2023, el líder camionero había firmado un acuerdo con la administración de Jorge Macri para desistir de la aplicación de la “Ley Moyano”, una práctica informal que desde 1998 obligaba a las empresas concesionarias de la recolección de residuos de CABA a despedir e indemnizar al personal cada vez que cambiaba la prestadora o sus accionistas, para luego recontratarlo.
Pero en medio de la interna con Marcelo “Feúcho” Aparicio —aliado de Pablo Moyano—, el jefe del gremio decidió desempolvar el reclamo de indemnizaciones, bajo el argumento de que en 2024 vencían los contratos de recolección, lo que habilitaría la compensación económica para unos 6.000 trabajadores.
La respuesta del Gobierno porteño
Desde el Ejecutivo porteño rechazaron la exigencia. Según explican, las prórrogas de los contratos rigen hasta 2028, sin cambios en las condiciones laborales ni empresariales, razón por la cual no corresponde ningún pago extraordinario.
Un acuerdo posterior permitió evitar las indemnizaciones, pero incluyó beneficios jubilatorios y adicionales salariales, lo que trajo paz social por unos meses. Sin embargo, el malestar volvió a surgir, especialmente tras asambleas espontáneas —algunas muy tensas— en empresas como Cliba, donde trabajadores reclamaron a viva voz que el pacto no contemplara los montos indemnizatorios.
Delegados enfrentados y maniobras internas
La disputa interna creció al punto de enfrentar a José “Teta” Garnica, cercano a Hugo Moyano, con los delegados asociados a Aparicio. Hubo acusaciones cruzadas, volantes anónimos, denuncias judiciales y desplazamientos de dirigentes del sindicato.
Con el conflicto en su punto más alto, fuentes internas señalan que Garnica habría impulsado la reactivación de la “Ley Moyano” para fortalecer su sector dentro de la rama de recolección y debilitar a los delegados opositores.
Negociaciones, advertencias y un escenario incierto
Ante la negativa del Gobierno porteño, Hugo Moyano abrió un canal de diálogo con las seis empresas concesionarias. Las compañías advirtieron que no pueden pagar indemnizaciones millonarias, aunque se mantienen negociaciones informales para evitar medidas de fuerza.
En paralelo, la tensión se trasladó a las bases, con asambleas en las que grupos enfrentados se acusan mutuamente de traición, y aparecieron pintadas en el conurbano pidiendo el regreso de Pablo Moyano.
Violencia, crisis económica y más capítulos por venir
La interna no sólo se manifiesta en lo gremial. Hubo peleas violentas, amenazas, y choques en la vía pública entre seguidores de ambos sectores.
A esto se suma la grave crisis financiera de la obra social de Camioneros, que derivó en protestas en sanatorios por salarios adeudados y nuevas tensiones alrededor del rol de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, en la empresa que gerencia la entidad de salud.
El trasfondo remite a 2021, cuando Pablo Moyano se distanció de su padre por ese manejo administrativo y comenzó una disputa que nunca se cerró. Desde entonces, Hugo fortaleció a otros hijos y dirigentes leales, mientras Pablo se volcó a su actividad en el Club Deportivo Camioneros y a la rama de Aguas Gaseosas.
Hoy, la pregunta es qué capítulo sigue, en un sindicato que vive una de las mayores crisis internas de su historia reciente.
Con información de Infobae
