La polémica en torno a la Caja de Jubilaciones
En una sesión muy cuestionada por la exclusión de la oposición, la Comisión Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana aprobó el dictamen del oficialismo que no declara intransferible a la Caja de Jubilaciones.
El tema ya había sido planteado en las Audiencias Públicas de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial.
Reclamo sindical y social
Desde FESTRAM denunciaron que el Gobierno de Maximiliano Pullaro busca avanzar bajo el argumento de una Reforma Constitucional. Numerosas organizaciones sindicales, sociales y profesionales sumaron su voz al reclamo.
Según expresaron, la Caja de Jubilaciones pertenece a los jubilados y jubiladas santafesinos y debe quedar asegurada en la Constitución para impedir su transferencia a sectores privados o su manipulación por parte de futuros gobiernos.
Vinculación con el debate nacional
La discusión se relaciona también con lo ocurrido en la Cámara de Diputados de la Nación, donde no se alcanzaron los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la ley que proponía un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un bono mensual de $110.000.
Organizaciones sostienen que esta resolución agrava la situación de miles de jubilados y pensionados, profundizando la crisis del sector pasivo.
Legisladores santafesinos que respaldaron el veto
Entre quienes apoyaron esta medida desde la provincia de Santa Fe figuran:
- Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
- Alejandro Bongiovanni (PRO)
- Gabriel Felipe Chumpitaz (Futuro y Libertad)
- Romina Diez (La Libertad Avanza)
- Germana Figueroa Casas (PRO)
- Luciano Laspina (PRO)
- Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
- José Nuñez (PRO)
- Verónica Razzini (Futuro y Libertad)
Un debate con impacto electoral
Con el escenario electoral en marcha, gremios y organizaciones llaman a impedir el avance de políticas que afectan los derechos de los jubilados y sectores populares.
En este sentido, remarcan que la Caja de Jubilaciones de Santa Fe no debe convertirse en un botín político ni en un negocio de sectores económicos privados.
Redacción CFIN
