El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, ordenó una intervención completa de Vicentin, la histórica agroexportadora santafesina, en medio de un concurso de acreedores que ya lleva cinco años y múltiples fracasos.
La medida implica la suspensión del directorio actual y la designación de dos interventores con control pleno, quienes estarán a cargo de la empresa por un plazo inicial de 120 días hábiles. Se trata de Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, que hasta ahora se desempeñaban como veedores en el proceso concursal.
Una empresa sin rumbo y con deudas crecientes
En su resolución, el magistrado trazó un panorama crítico: la empresa no tiene liquidez, acumula una deuda postconcursal superior a 30.000 millones de pesos, y sus principales plantas —Avellaneda, Ricardone y San Lorenzo— fueron cerradas por decisión de sus propios directivos.
«La justicia concursal no fue pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para evitar daños mayores», escribió Lorenzini en el fallo.
Objetivos: frenar el derrumbe y evitar la quiebra
La intervención se basa en el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras, y tiene tres ejes clave:
- Evitar el agravamiento de la situación,
- Proteger la viabilidad económica de la firma,
- Anticiparse a un eventual escenario de quiebra.
Además, se dictó una medida inhibitoria anticautelar que impide a proveedores y organismos cortar servicios esenciales. Se ordenó también el restablecimiento inmediato de los ya interrumpidos, como luz, gas, transporte y seguridad.
Interventores con poder total y plan en marcha
Los directores desplazados —Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain— quedaron fuera de sus funciones, sin goce de sueldo, y deberán colaborar con los nuevos administradores. Estos, por su parte, tienen diez días para presentar un plan de trabajo, identificar áreas críticas y conformar un nuevo equipo de gestión.
El juez fue tajante en su crítica: “El actual directorio naturalizó la parálisis de la empresa, apostando pasivamente a un salvataje que nunca llegó”.
Reactivación parcial, tensión sindical y cuentas sin cerrar
La intervención judicial llega tras un leve repunte: gracias a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A., Vicentin reactivó parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, lo que permitió abonar el 40% de los salarios de marzo. Aun así, el 20% de los sueldos sigue sin garantía.
Los sindicatos aceptaron un cronograma de pagos escalonado, pero la incertidumbre sigue siendo total.
Causas penales y presión política
Mientras tanto, el frente judicial no da tregua. Vicentin arrastra un default por más de USD 1.500 millones desde 2019. En febrero, la Corte Suprema de Santa Fe anuló el acuerdo preventivo aprobado en primera instancia, dejando la causa concursal en un limbo jurídico y reactivando el fantasma del cram down.
Paralelamente, cuatro exdirectivos —entre ellos el exCEO Roberto Gazze— continúan detenidos con prisión preventiva, acusados de asociación ilícita y estafa. La causa penal investiga un presunto vaciamiento de la empresa durante su colapso financiero.
¿Quiebra, salvataje o renacer?
La intervención busca evitar el colapso total de una de las firmas más emblemáticas del agro argentino. Pero con deudas millonarias, causas penales en marcha y una operatoria paralizada, la reactivación plena de Vicentin sigue siendo una incógnita.
