La Justicia de Santa Fe dictó la prisión preventiva para María Laura M., la mujer señalada como responsable de una residencia clandestina para adultos mayores que funcionaba en barrio Nuevo Horizonte, en la zona norte de la ciudad.
La decisión fue tomada este martes durante la audiencia de medidas cautelares realizada en los Tribunales de Santa Fe. La mujer había sido imputada la semana pasada por el delito de abandono de persona, en perjuicio de siete adultos mayores que se encontraban alojados en una vivienda de calle Gollán al 10.100.
Según la investigación del fiscal Manuel Cecchini, María Laura M. cobraba dinero a familiares de los residentes a cambio de alojamiento, alimentación, atención sanitaria y contención. Sin embargo, el inmueble no contaba con habilitación municipal ni provincial para funcionar como residencia de adultos mayores.
Cómo se descubrió el asilo clandestino
La investigación comenzó luego de un incendio ocurrido el 29 de julio en la vivienda de barrio Nuevo Horizonte. El siniestro permitió detectar que en el lugar funcionaba una residencia donde permanecían alojadas siete personas mayores.
De acuerdo con la acusación fiscal, el inmueble presentaba deficiencias estructurales, no contaba con cloacas y tenía sanitarios inadecuados. También se investigan las condiciones de alimentación, abrigo y ropa de cama que recibían los residentes.
Tras el procedimiento, se inició una investigación que derivó en la imputación de María Laura M. y de Ricardo H., quien trabajaba en el establecimiento.
La situación del segundo imputado
Ricardo H. fue imputado por privación ilegítima de la libertad y posteriormente recuperó la libertad bajo medidas alternativas.
En el caso de María Laura M., la Justicia consideró que correspondía mantener la privación de libertad mientras continúa la investigación.
Uno de los elementos valorados durante la audiencia fue que la mujer había permanecido prófuga durante seis días antes de presentarse ante la Policía de Investigaciones (PDI).
El juez Troyano también tuvo en cuenta la escala penal prevista para el delito atribuido, que contempla una pena de entre uno y seis años de prisión, como parte de los argumentos vinculados a los riesgos procesales.
La defensa busca un procedimiento abreviado
El abogado defensor Claudio Torres Del Sel confirmó que existen conversaciones entre la defensa y la Fiscalía para avanzar hacia un procedimiento abreviado.
La alternativa permitiría resolver el proceso mediante un acuerdo entre las partes, que posteriormente debería ser evaluado y homologado por la Justicia.
Durante la audiencia, María Laura M. manifestó ante el juez que comprendía los alcances de su situación procesal y prestó su consentimiento.
El planteo de una de las denunciantes
En la previa de la audiencia, el abogado Martín Risso Patrón, representante de una de las denunciantes, manifestó la preocupación de su clienta frente a una eventual liberación de la imputada.
El letrado señaló que su representada ya había realizado declaraciones y que la semana pasada brindó un testimonio de aproximadamente diez páginas ante la Fiscalía, durante unas dos horas. Según explicó, allí aportó información y documentación relacionada con el funcionamiento de la residencia y con los cobros que se realizaban mediante tarjetas de débito.
El abogado también sostuvo que su defendida había realizado denuncias con anterioridad y planteó que algunas situaciones investigadas se habrían iniciado cuando la residencia funcionaba sobre calle Salvador del Carril y continuado posteriormente en el inmueble de barrio Nuevo Horizonte.
Además, relató que la denunciante habría atravesado episodios de violencia y situaciones de presión que, según su testimonio, incluso involucraban referencias a la intervención policial.
El pedido de la defensa sobre otro residente
Durante sus planteos, la defensa también cuestionó que todavía no se le haya tomado declaración a un hombre que estuvo alojado en la residencia y que actualmente estaría en condiciones de brindar su testimonio.
El abogado sostuvo que esa declaración podría aportar elementos para esclarecer las circunstancias investigadas y determinar responsabilidades dentro del funcionamiento del establecimiento.
La causa continúa bajo investigación judicial mientras las partes analizan la posibilidad de avanzar con un procedimiento abreviado.
