Este martes comienza una nueva etapa judicial en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Un total de 35 imputados deberán presentarse a declarar en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de un expediente por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
La ronda de indagatorias se extenderá hasta fines de mayo y estará a cargo del juez federal Ariel Lijo, junto al fiscal Franco Picardi. El primero en comparecer será Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, quien ya se encuentra procesado y deberá ampliar su declaración.
Investigación por contrataciones irregulares
Según la acusación, los imputados habrían integrado una asociación ilícita dedicada a manipular procesos de contratación pública, especialmente en la provisión de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud.
La investigación sostiene que se simulaban procesos competitivos entre empresas, cuando en realidad las adjudicaciones estaban direccionadas a firmas previamente seleccionadas, generando beneficios económicos ilegales y presuntos pagos de sobornos a funcionarios.
Entre los rubros alcanzados por las maniobras figuran medicamentos de alto costo, implantes auditivos, insumos para neurología, cardiología y traumatología, todos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
Empresas y montos bajo sospecha
Uno de los puntos clave del expediente es el análisis de las licitaciones. Se detectaron procesos “acotados” donde participaban siempre las mismas empresas, algunas de las cuales habrían actuado como competidores ficticios.
De acuerdo a la causa, en el rubro medicamentos se adjudicaron más de 30 mil millones de pesos, concentrados en pocas firmas. En otros segmentos, como implantes cocleares y audífonos, también se registraron millonarias adjudicaciones con fuerte concentración empresarial.
El rol del sistema informático
La investigación también pone el foco en el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en 2024. Según los fiscales, este sistema habría sido utilizado para canalizar y direccionar las contrataciones, favoreciendo a proveedores vinculados con los imputados.
Roles y responsabilidades
Para los investigadores, Diego Spagnuolo habría ocupado un rol central en la estructura, facilitando las condiciones para el direccionamiento de contratos. Por su parte, Daniel María Garbellini, exfuncionario del área de salud, habría intervenido en la selección de proveedores.
También aparece mencionado el lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario entre el sector público y privado, con participación en la gestión de pagos y adjudicaciones.
Medidas judiciales
En paralelo al avance de las indagatorias, el juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y empresas involucradas, con el objetivo de preservar activos ante un eventual decomiso.
La causa ANDIS se consolida así como uno de los expedientes más relevantes en materia de presunta corrupción en la actual gestión nacional, con impacto directo en políticas sensibles vinculadas a la asistencia social.
