El oficialismo provincial buscará avanzar este jueves en la Cámara de Diputados con la media sanción del paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Pese a las diferencias internas en el frente Unidos, especialmente con sectores del socialismo, el diputado radical José Corral aseguró que existe un compromiso político para aprobar las iniciativas, aunque admitió que podrían introducirse modificaciones en algunos artículos.
“Tenemos que darle al gobernador estas herramientas que pide para seguir mejorando la seguridad”, sostuvo Corral este lunes en declaraciones al programa La primera de la tarde (Radio 2). El legislador defendió la necesidad de ampliar las facultades de la Policía, los fiscales y el Ministerio de Seguridad para profundizar las políticas implementadas desde el comienzo de la actual gestión.
Corral reconoció que los indicadores de violencia mejoraron en la provincia, pero consideró que todavía persisten problemas vinculados con los delitos contra la propiedad. “Estamos casi en los índices nacionales de violencia lesiva, de homicidio doloso, pero digo casi. Hay todavía que seguir mejorando y tenemos mucho delito predatorio”, señaló.
En ese sentido, mencionó los robos de celulares y los hechos delictivos en viviendas como algunas de las principales preocupaciones de los vecinos. “Estamos convencidos de que hay que darle esas herramientas que el gobernador pide para que fiscales, policías y el Ministerio de Seguridad puedan seguir trabajando como lo vienen haciendo”, agregó.
Consultado sobre las diferencias dentro de la coalición gobernante, particularmente con el socialismo, Corral reconoció que existen distintas posiciones, pero ratificó la intención de avanzar esta misma semana.
“Hay diferentes miradas, pero tenemos un compromiso en Unidos de este jueves avanzar en la media sanción en Diputados”, afirmó.
El diputado también apeló a la nueva Constitución santafesina para justificar las reformas. “La Constitución nueva habla del derecho a la seguridad. Esto no hay que perderlo de vista, porque por ahí se habla de este garantismo trucho que mira con un solo ojo, y a veces más los derechos del delincuente que los derechos de la ciudadanía a vivir en paz”, expresó.
Uno de los puntos más controvertidos del paquete legislativo es la ampliación de los supuestos que permiten realizar allanamientos sin autorización judicial previa. La iniciativa contempla, entre otras situaciones, procedimientos relacionados con la tenencia de armas y la localización de celulares robados.
Corral defendió estas modificaciones y recordó que la legislación vigente ya contempla excepciones a la exigencia de una orden judicial, como los casos de incendios, pedidos de auxilio o determinadas situaciones de flagrancia.
“Si yo allano un domicilio y no encuentro ese objeto del delito, pero por el tapial veo que está en el domicilio de al lado, no tengo que ir al juez a pedirle una nueva autorización para el allanamiento”, ejemplificó.
También justificó la posibilidad de intervenir rápidamente cuando se detecta a una persona con armas, municiones o explosivos en la vía pública.
“¿Por qué tengo que esperar una autorización del juez para poder ir al domicilio donde se supone que puede tener más armas y más explosivos?”, planteó.
En relación con los teléfonos robados, sostuvo que las herramientas de geolocalización permiten identificar rápidamente dónde se encuentra un dispositivo y que las demoras judiciales pueden frustrar su recuperación.
“Cuántas veces escuchamos que alguien dice: ‘Pero si yo sé dónde está el celular. Si me lo dice el GPS con esa exactitud’”, indicó. Según explicó, la propuesta busca permitir procedimientos con intervención fiscal y comunicación al juez, sin necesidad de esperar una resolución judicial previa.
El legislador también defendió el endurecimiento de las condiciones de detención para presos considerados de alta peligrosidad que continúan organizando delitos desde las cárceles. En esos casos, el proyecto contempla períodos de aislamiento total, incluso sin visitas.
“No puede ser el Estado tonto frente a los líderes narcocriminales”, afirmó. Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo provincial proponen modificaciones en distintas normas vinculadas con la investigación penal, las facultades policiales, el funcionamiento del sistema penitenciario y los mecanismos de prevención del delito.
