Lula denunció excesos en el operativo policial de Río
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó como “una masacre” la operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro la semana pasada, que dejó 121 muertos entre sospechosos y policías en los complejos de Alemão y Penha.
Durante una entrevista con medios internacionales, Lula subrayó que la acción policial excedió los límites de la legalidad, ya que la orden judicial contemplaba únicamente notificaciones de arresto.
“La orden del juez era para que se ejecutaran notificaciones de arresto, no para una masacre; sin embargo, ocurrió una masacre. Es importante examinar las circunstancias en las que sucedió”, expresó el mandatario.
Cuestionamientos al accionar del Estado
El presidente brasileño calificó la operación como “desastrosa” y advirtió que el alto número de víctimas mortales refleja fallas graves en la actuación estatal.
“Desde el punto de vista del número de muertos, algunos pueden considerar la operación un éxito. Pero desde el punto de vista del Estado, fue desastrosa”, señaló Lula.
El jefe de Estado anunció que el Gobierno Federal impulsará una investigación independiente para determinar responsabilidades. También adelantó que forenses de la Policía Federal podrían participar en las pericias para garantizar la transparencia del proceso.
“Estamos viendo si es posible que los expertos de la Policía Federal participen en la investigación de las muertes, porque hay muchos relatos y versiones que deben ser verificadas”, sostuvo Lula.
La operación más mortífera de Brasil
La denominada Operación Contención, realizada el 28 de octubre, tenía como objetivo desarticular al Comando Vermelho (CV), una de las principales facciones del narcotráfico en Brasil.
Según datos oficiales, fue la operación más letal en la historia reciente del país, superando anteriores intervenciones en favelas de Río.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defendió el accionar policial y aseguró que las “únicas víctimas reales” fueron los agentes fallecidos, mientras que sostuvo que el resto de los muertos eran delincuentes armados.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales exigieron una investigación imparcial para esclarecer posibles abusos y ejecuciones extrajudiciales.
