La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La causa investiga su posible responsabilidad en la crisis de Ueno Bank.
Además, los fiscales solicitaron su prisión preventiva y la inhibición general de sus bienes. Ahora, un juez deberá analizar esos pedidos y resolver si corresponde aplicar las medidas.
La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP). El Ministerio Público le atribuye los mismos delitos y la presunta producción de documentos públicos de contenido falso.
La investigación por el caso Ueno Bank
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en las operaciones financieras de Ueno Bank durante la gestión de Peña. Entre otros puntos, analiza la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales en la entidad.
Los investigadores también revisan depósitos de organismos estatales y previsionales. Entre ellos figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá y otras instituciones públicas.
Además, la causa incluye operaciones de crédito que Ueno Bank habría realizado con empresas vinculadas a su grupo económico.
Peña tuvo participación accionaria en Ueno Holding, el conglomerado empresarial al que pertenecía el banco. Sin embargo, se desprendió de esas acciones en marzo de 2025.
La Fiscalía busca determinar si existieron beneficios indebidos y responsabilidades de los funcionarios involucrados. Por su parte, Peña niega haber cometido irregularidades y sostiene que las operaciones corresponden al ámbito de la supervisión financiera.
Carlos Carvallo también fue imputado
La causa judicial también apunta a Carlos Carvallo, quien presidió el Banco Central durante el gobierno de Peña.
Los fiscales le atribuyen presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
Carvallo también había ocupado un cargo directivo en Financiera Ueno, entidad que luego dio origen a Ueno Bank. Por eso, su paso por el sector privado y su posterior llegada al organismo regulador forman parte de la investigación.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos exfuncionarios. También pidió medidas para evitar que dispongan de sus bienes mientras avanza la causa.
La destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana
La imputación llegó después de la destitución de Peña. El Congreso paraguayo avanzó con un juicio político en medio de la crisis financiera vinculada a Ueno Bank.
La Cámara de Diputados impulsó el proceso por presunto mal desempeño de sus funciones. Luego, el Senado resolvió la salida del mandatario con 44 votos a favor y una ausencia.
De esta manera, Peña se convirtió en el segundo presidente elegido democráticamente en Paraguay que deja el cargo por una destitución legislativa desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989.
El antecedente corresponde a Fernando Lugo. El Congreso lo removió de la Presidencia el 22 de junio de 2012.
Tras la salida de Peña, Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el viernes 6 de noviembre. El nuevo mandatario deberá completar el período de gobierno hasta 2028.
En su primer mensaje, Alliana prometió trabajar para recuperar la estabilidad financiera. También aseguró que buscará resarcir a los ahorristas afectados por la crisis bancaria.
Qué puede pasar con la causa judicial
La imputación marca el inicio formal del proceso penal contra Peña y Carvallo. Sin embargo, no implica una condena ni determina por sí sola la culpabilidad de los investigados.
Ahora, la Justicia deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía. También tendrá que resolver los pedidos de prisión preventiva y las medidas sobre los bienes de ambos exfuncionarios.
Mientras tanto, la investigación continuará con el análisis de las operaciones financieras de Ueno Bank y los fondos depositados en la entidad.
El caso combina consecuencias políticas y judiciales para Paraguay. Por un lado, el país tiene un nuevo presidente tras la salida de Peña. Por otro, la Justicia deberá establecer si los exfuncionarios tuvieron responsabilidad penal en las operaciones que originaron la crisis bancaria.
