El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La normativa introduce cambios en el sistema judicial para adolescentes y define un esquema de sanciones diferenciadas según la edad y la gravedad del delito.
La iniciativa había sido aprobada por el Senado el 27 de febrero durante el período de sesiones extraordinarias con 44 votos a favor y 27 en contra, en un debate que atravesó diferentes posiciones políticas.
A partir de esta reforma, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser investigados, juzgados y condenados por delitos tipificados en el Código Penal, algo que hasta ahora no estaba contemplado en el régimen vigente.
Baja de la edad de imputabilidad
El eje central de la reforma es la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal, que pasa de 16 a 14 años.
El proyecto original impulsado por el oficialismo proponía fijar la imputabilidad a partir de los 13 años. Sin embargo, en el marco de negociaciones parlamentarias con distintos bloques, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años para alcanzar un mayor consenso político.
Con este cambio, el Gobierno logró el respaldo de sectores aliados como el PRO y la UCR, que consideraban ese límite como un punto de equilibrio dentro del debate legislativo.
En la región, varios países establecen edades similares para la responsabilidad penal juvenil. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan la imputabilidad en los 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen a partir de los 12.
Sistema de penas diferenciadas
La ley establece un sistema de penas graduadas para adolescentes, con el objetivo de evitar que los menores reciban el mismo tratamiento que los adultos dentro del sistema penal.
Entre los principales puntos se destacan:
- Prohibición de la prisión perpetua para menores de edad.
- Un máximo de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, violación, secuestro o robos con armas.
- Para adolescentes de 14 años, las penas se reducen a la mitad respecto a las previstas para adultos.
- Para los jóvenes de 15 años, la reducción será de un tercio.
- En delitos con penas menores a tres años no se aplicará privación de la libertad.
Medidas alternativas y justicia restaurativa
El nuevo régimen también incorpora medidas alternativas a la prisión para delitos que no revistan extrema gravedad.
En esos casos se priorizarán sanciones como:
- servicios a la comunidad,
- prohibiciones de acercamiento a las víctimas,
- restricciones para concurrir a determinados lugares,
- monitoreo electrónico.
Además, la ley habilita la mediación penal, un mecanismo que permite la resolución de conflictos mediante el diálogo entre el joven involucrado y la víctima, siempre con el consentimiento de esta última.
Centros especializados y rol de las víctimas
La normativa también establece cambios en las condiciones de detención para adolescentes en conflicto con la ley.
En ese sentido, queda prohibido que los menores convivan con detenidos adultos. Para ello se prevé la creación de centros de detención especializados, con personal capacitado en niñez y adolescencia.
El régimen establece además que el enfoque debe ser socioeducativo, garantizando el acceso a educación, atención de la salud y programas de tratamiento de adicciones.
Por otra parte, las víctimas tendrán un rol más activo dentro del proceso judicial, con derecho a recibir información sobre cada avance del caso, ser escuchadas antes de decisiones importantes y acceder a asistencia psicológica y jurídica gratuita.
