Para combatir la crisis hídrica que padece el país, el gobierno de Uruguay instaló 11 kilómetros de tuberías para trasvasar agua desde la Argentina y Brasil, con el fin de bombear 200.000 metros cúbicos por día, cantidad que representa cerca del 40% de la demanda total de Montevideo y sus alrededores.
Para concretar el proyecto, las autoridades invirtieron cerca de 35 millones de dólares, según informó el sitio Actualidad RT, para abordar la peor sequía en la historia del país sudamericano, que llevó a registros mínimos al embalse de la represa de Paso Severino, fuente de abastecimiento para el líquido potable de la capital y sus alrededores, lo que obligó el mes pasado a elevar los niveles de sodio y cloruro del recurso.
El 19 de junio, Uruguay declaró la «emergencia hídrica» para Montevideo y el área metropolitana, así como la exoneración de impuestos al agua embotellada.
La respuesta de Uruguay a la ONU
Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay emitió una declaración en respuesta a un comunicado de la ONU, según el cual la «continua disminución de la calidad del agua» en Uruguay generó una situación «alarmante».
«El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados», indicaba el escrito.
En respuesta, la Cancillería del país vecino señaló que «ante las inexactitudes» del comunicado emitido por el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Angulo, y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, el gobierno de Uruguay reitera: «Hasta la fecha, los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes«.
Por otro lado, se explicó que «el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma«.
«Para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a uno de cada tres habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona)», añadió el documento.
En el cual también se aclaró: «El gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado».
Además, el gobierno de Lacalle Pou hace hincapié en que se mantuvo la continuidad en el suministro de agua «sin la realización de cortes», lo que evita la posibilidad de contaminación biológica.
