La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuó hoy analizado los expedientes relacionados con presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial y escuchó la declaración de un testigo clave que apuntó directamente contra el juez Juan Carlos Maqueda.
Daniel Marchi era un testigo de vital importancia para el oficialismo ya que fue desplazado el jueves de la semana pasada de la Secretaría General de Administración, tras 15 años en el cargo. Esa decisión mostró, por primera vez desde que se inició el proceso de juicio político, diferencias entre los miembros del máximo tribunal.
La acordada fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. En cambio, Ricardo Lorenzetti votó en contra del traslado de Marchi a la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Según pudo reconstruir Infobae, la semana pasada llegó a la Corte un pedido de la Comisión de Juicio Político donde se le solicitaba a Rosatti que envíe las sucesivas auditorías que hizo Marchi sobre la obra social del Poder Judicial. A raíz de ese pedido, Marchi le envió una nota a Rosatti donde le señaló los diferentes informes que él presentó indicando, además, que de esos informes solamente uno fue publicado y el resto permanece guardado sin que se den a conocer públicamente.
En esa nota, el ex administrador le también le señaló a Rosatti que de acuerdo con el pedido hecho desde el Congreso debería enviar todos esos informes -el publicado y los que están sin publicar- a la Comisión de Juicio Político. Durante su declaración, Marchi calificó su traslado como “una sanción totalmente encubierta”.
En relación a la administración de la Obra Social, el testigo aseguró que estuvo bajo la supervisión del juez Maqueda durante casi todo el período analizado en sus informes de auditorías, que se realizaron durante 2021 y se rebotaban hasta 2008. “Está claro que él dirigió la obra social durante todo ese período. Todos los directores los eligió Maqueda, por eso no hubo concurso”, detalló.
El testigo explicó que el primer informe se concentraba en tres problemas de la Obra Social (que tiene unos 100.000 afiliados): “El primero fue de tipo organizativo: un directorio unipersonal que tomaba todas las decisiones, cargos vacantes de mucha importancia, y las locaciones de servicios como facturación y sistemas. La segunda debilidad era el sistema informático, que eran varios subsistemas que no tenían relación entre sí. Y la debilidad más importante se relacionaba con la falta de herramientas de gestión. Por ejemplo, la falta de contabilidad. No existe una organización sin contabilidad. No había conciliaciones bancarias, no había presupuestos, no había nada”, detalló.
Luego, insistió en que el juez Maqueda “no solo supervisaba sino que estaba al tanto de todo porque todos los empleados sabían que el doctor Aldo Tonon (ex Director de OSPJN) todas las semanas le llevaba todas las cuestiones para que las vea y las autorice”.
“Nada se hacía sin la autorización del doctor Maqueda. Cualquier movimiento debía ser autorizado por el doctor Maqueda”, agregó.
A pesar de nunca haber sido designado formalmente, el juez Maqueda renunció al control de la Obra Social un mes antes de que la Corte ordenara la auditoría, en octubre de 2021. Fue a través de un mail donde, según el oficialismo, admitió irregularidades. Cabe destacar que si bien la obra social constituye un organismo autónomo, el máximo tribunal debe ejercer la función de supervisión y control de su administración.
Aldo Tonon ya fue citado dos veces por la comisión. La semana pasada se ausentó sin explicación. En cambio, esta semana envió una nota a través de su abogado donde justificó su incomparecencia por tener una causa judicial sobre el tema.
Fuente: Infobae
