La FAM, que reúne a más de 16 mil magistrados en todo el país, se opuso a la idea del Gobierno de analizar su régimen previsional. “Este régimen especial no es un privilegio”, aseguraron
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), la entidad de jueces más grande del país que nuclea a magistrados de todas las provincias, se opuso a una reforma al sistema de jubilaciones del Poder Judicial, luego de que esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, señalara que no iba a haber reformas previsionales pero sí el análisis del sistema de los jueces.
A través de un comunicado titulado “Avances sobre la independencia judicial. El régimen especial de jubilaciones no es el problema, avasallar la justicia no es la solución”, la FAM manifestó su “rechazo a un nuevo intento de modificar una ley que –vale remarcarlo– ya fue modificada por este gobierno hace menos de dos años”.
La referencia es a la reforma por la cuál se subió de 12 a 18 por ciento el aporto de los jueces y se elevó de manera escalonada la edad para jubilarse, entre otros cambios que llevaron a que varios magistrados y fiscales se jubilen.
“El régimen especial de jubilación de la magistratura se sostiene con el aporte de sus integrantes –durante 30 años, en un porcentaje ampliamente mayor al de los demás aportantes, calculándose su haber con el promedio de los últimos 10 años de aporte- por lo que su incidencia en las cuentas públicas es insignificante”, sostuvo la entidad que nuclea a 16.700 jueces y funcionarios en un comunicado firmado por su presidenta, Marcela Ruiz, y por el secretario general, Cristian Fabio.
“Por eso este régimen especial no es un privilegio sino el resultado de los años y los porcentajes aportados. No hay que perder de vista que el número de aportantes al sistema es muy superior a la cantidad de jubiladas/os y pensionadas/os, lo que lo hace notoriamente sustentable. El régimen es especial como consecuencia de las incompatibilidades de magistradas/os y funcionarias/os con cualquier otra actividad económica”, agregaron.
La FAM es la segunda entidad judicial que se pronuncia en contra. El lunes lo había hecho la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN). “El régimen de jubilación del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos en nada incide sobre el endémico problema económico que azota a la República Argentina desde hace décadas; ello obedece, entre otros múltiples factores, a la falta de programas económicos responsables”, dijo la AMFJN.
La respuesta de las agrupaciones es a los mensajes que el ministro Guzmán escribió el lunes en su cuenta de la red social Twitter. “No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, dijo el funcionario y agregó: “Asimismo, y en la misma línea, se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”. Esa ley es la de la jubilación de los jueces.
“Las consideraciones que se realizan implican un desconocimiento de las realidades de los sistemas judiciales de las justicias provinciales y de CABA. Se habla de salarios y jubilaciones con cifras que en nada se asemejan a las que percibe la mayoría de quienes atienden el 85% de los conflictos judicializados del país. Se ataca al sistema judicial en un debate que sólo pretende distraer la discusión de los verdaderos ejes del problema y de las medidas conducentes a solucionarlo”, respondió la FAM en su comunicado.
La entidad pidió “a los poderes del Estado y a todos los sectores políticos a no debilitar, con iniciativas como esta, criterios básicos de todo estado constitucional de derecho, como el de la independencia judicial, y que son el resguardo de los derechos de la ciudadanía toda”. “La independencia judicial es una garantía instituida en beneficio de la sociedad, y no un privilegio de los operadores judiciales”, concluyó.
