Bullrich explicó que dio instrucciones al subsecretario de Políticas Penitenciarias, Julián Juri, para que “aquellos que se considera prima facie por la Justicia de Santa Fe que serían los que están llevando adelante las amenazas, van a entrar al programa de alto riesgo».
Las medidas dispuestas apuntan al aislamiento de los presos considerados de “alto perfil” alojados en prisiones federales, sobre los que el Poder Judicial santafesino tenga sospechas de estar detrás de las amenazas recibidas por el gobernador santafesino, quien recibió al menos dos mensajes intimidatorios la semana pasada y ayer.
El preso narco que sería como el «cerebro» detrás de las amenazas a Maximiliano Pullaro
Uno de los presos que serían enviados a un confinamiento inmediato sería Francisco “Fran” Ezequiel Riquelme, sindicado como jefe de una banda ligada al capo narco Esteban Lindor Alvarado, rival de Los Monos, según indicaron altas fuentes oficiales a Infobae.
Riquelme está preso en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, y quien se hacía llamar “El Pablo Escobar de Empalme”, según detalló el mencionado medio.
Fran Riquelme está encarcelado desde el 3 de abril de 2020 y tiene dos causas penales en su contra: está preso por la balacera a Mariana Ortigala, testigo clave en el juicio contra Alvarado. La mujer también está hoy detenida y acusada de participar en balaceras y extorsiones ordenadas por Los Monos. En tanto, fue acusada ser testaferro del capo máximo de la banda, Ariel Máximo “Guille” Cantero.
Por otro lado, a Riquelme se lo imputó por balaceras contra dos escuelas, una vivienda, una seccional y un complejo penitenciario cometidas entre abril y mayo de 2023.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Cometidos con Arma de Fuego de Rosario le imputaron a Riquelme ser el cerebro de los ataques a tiros que para la justicia mejorara las condiciones de su detención.
Según la acusación, Riquelme ideó las balaceras y notas con mensajes mafiosos desde su celda: el detenido transmitía órdenes que, a su vez eran delegadas a sicarios y ejecutaban los ataques a cambio de dinero.
“Los imputados tuvieron como finalidad amedrentamiento para que permitan el ingreso de objetos prohibidos al lugar de alojamiento de Francisco Riquelme, mediante la flexibilización de las requisas efectuadas a las personas que concurren allí en carácter de visitas”, indicó la acusación.
A la vez, buscaron “infundir temor y conmoción pública, y a la comunidad educativa en particular, provocando el cese temporal de actividades escolares y movilizaciones civiles por reclamos de seguridad”.
Tras detallar la imputación por delitos de intimidación pública, amenazas, abuso de armas y daños, entre otros, los fiscales pidieron la prisión preventiva para los cuatro acusados, que fue dictada por el plazo de dos años por el juez de la audiencia, Florentino Malaponte, añadió el MPA.
Fuente: Minuto Uno
