«No es aceptable que en una ciudad como Rosario, donde tenemos más de 200 homicidios en lo que va del año, personas que manejan mutuales presten dinero sin tener la precaución de pedir siquiera una constancia de monotributo al solicitante. Es un fenómeno normalizado que debe dejar de estarlo. Esta es una actividad al margen de la ley que alimenta y permite que proliferen los delitos de sangre», dijo este mediodía el fiscal Luis Schiappa Pietra en un cuarto intermedio en el Centro de Justicia Penal. Acababa de referir eso en una audiencia al pedir la prisión preventiva al presidente y un intermediario de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral. Ambos quedaron detenidos en prisión domiciliaria imputados de lavado de activos e intermediación financiera ilícita. Habían sido detenidos el miércoles pasado por vender dólares a una mujer que está investigada por asociación ilícita y por comercio de drogas.
La imputación se realizó tras el allanamiento de la mutual que funciona en los pisos 6 y 8 de España 889. En ese operativo fue incautada una significativa cantidad de dinero que, según los fiscales actuantes, no tiene respaldo alguno en operaciones lícitamente registradas. Las fuerzas policiales se llevaron de la mutual 6.792.450 pesos,
Los imputados son el presidente de la mutual, Juan Carlos V., y una persona que le derivaba clientes a la entidad, Américo Oscar Eduardo M. Este último es el hilo que condujo a los allanamientos. El motivo es que su número aparecía agendado como «Eduardo Dólares» en el celular de Sandra Calegari, una mujer conectada con Pablo Nicolás Camino, preso en la cárcel de Piñero por homicidio y sindicado como actor relevante del comercio de drogas en zona sudoeste, a la vez con vínculos con el líder de Los Monos Ariel «Guille» Cantero. En la pericia forense del celular de Calegari surgían los detalles de las operaciones financieras entre la mujer y el intermediario.
La jueza Valeria Pedrana señaló al resolver que consideraba muy grave lo expuesto. Solo por la edad de una de las personas, de más de 70 años, y por las condiciones de salud de otra que presentó un certificado por afecciones físicas no irán a una prisión efectiva. Les impuso prisión domiciliaria pero solo cuando se acredite que dispongan de tobillera electrónica y que el domicilio es adecuado para su imposición. Hasta que eso se garantice estarán en un establecimiento penitenciario.
Los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery expusieron que el 26 de julio pasado Sandra Calegari acordó con Eduardo M. una compra de dólares a cambio de 822.500 pesos. El intermediario le señaló que concurriera a la oficina de España 889 piso 8 de Rosario. En ese lugar el dinero le fue entregado a J.C.G, hijo de Sandra Calegari. Cinco días más tarde, el 31 de julio, Calegari le solicitó a Eduardo M. comprar tres mil dólares. En esta ocasión le pidió que se dirigiera a la oficina de Santa Fe al 1200 donde él mismo operaba, domicilio que también fue allanado el miércoles último. Los fiscales señalaron que el imputado sabía que el dinero que usó Calegari para comprar dólares «era proveniente de actividades ilícitas o delictivas».
Al presidente de la mutual, Juan Carlos V., le atribuyeron participar de la puesta en circulación en el sistema financiero informal de dinero de Sandra Calegari. Para ello, dijeron los fiscales, el directivo puso a disposición la estructura de la mutual. Y resaltaron que la entidad no cuenta con autorización por parte del Banco Central de la República Argentina para intermediar en el mercado financiero ni para realizar operaciones de compraventa de divisas extranjeras.
La policía secuestró 6.790.000 pesos y 30.900 dólares entre otros activos en la mutual, sin registración de respaldo.
La policía secuestró 6.790.000 pesos y 30.900 dólares entre otros activos en la mutual, sin registración de respaldo.
Los fiscales afirmaron que maniobras de este tipo «son realizadas en esta mutual con habitualidad». Y subrayaron que el delito imputado se consuma cuando las personas responsables saben que el dinero empleado para las operaciones provenía o podía provenir de actividades ilícitas. Argumentaron que Sandra Calegari, presa desde el 2 de agosto, acudía personalmente a la mutual a realizar este tipo de operaciones. Parte de la evidencia esgrimida provino de la intervención forense al celular secuestrado a Calegari.
El alegato de los fiscales puso énfasis en que personas que manejan una mutual no pueden desentenderse de cómo funcionan los mercados criminales. «Dejar sin reproche estos actos es permitir la reproducción de la violencia. No se puede esgrimir que no se sabe de dónde viene el dinero. Hay obligación normada de establecer la procedencia. Con otro argumento las entidades no deberían pedir autorización para funcionar al Banco Central».
Los fiscales también deslizaron que en el rubro mutuales es un terreno para la intervención penal. «Sabemos que hay mutuales que funcionan muy bien y en base a objetivos sanos», dijo Schiappa Pietra. «Pero hay una cantidad que sirven inyectando dinero ilícito en el mercado. En ese sentido esta investigación recién comienza».
El defensor de uno de los imputados reclamó que la jurisdicción para investigar un hecho de lavado es la Justicia federal. Los fiscales replicaron que la presente es una investigación conjunta con la fiscalía federal y con la Procuración de Narcotráfico (Procunar) porque hay delitos concurrentes en ambos fueros. Y que es potestad provincial investigar un delito de lavado procedente de una actividad violenta. «Esta entidad financiera no puede seguir funcionando sin tener cuidado a quien y cómo entregan dinero. Hay recaudos elementales que tomar. No hablamos de un estudio de capacidad económica financiera como piden los bancos para acordar préstamos. Mínimamente que requieran una constancia de monotributo u otros resguardos porque estamos en una ciudad que se caracteriza por la violencia de sus grupos criminales», dijo Schiappa Pietra.
Los defensores adujeron que las objetadas habían sido operaciones por una cantidad relativamente baja de dinero. Los fiscales replicaron que el monto del dinero era un detalle en contraste con lo relevante: la compradora aparece ligada a un grupo delictivo y las operaciones se hacían con habitualidad. La oscuridad de estos manejos también multiplicaron rumores que llegaron al Centro de Justicia. Uno de ellos que parte de la cantidad incautada era de un dirigente político que hacía negocios en la mutual y que difícilmente, si la versión es atinada, vaya a realizar un reclamo.
fuente: La Capital
