Se trata de Débora Cotichini, a quién la Auditoría notificó de un proceso por faltas graves vinculadas a una «carpeta» y a la filtración de información reservada de causas al entonces ministro de Seguridad cuando pertenecía a otro poder. Como volvió a su cargo de Director, notificaron a la Legislatura. Sain señala que es una maniobra contra Cotichini en represalia por investigar «a las estructuras de poder que son socias del delito»
Del dicho al hecho. ¿Hubo investigaciones paralelas, inteligencia ilegal o «carpetazos» en la provincia de Santa Fe? Una auditoría interna el Ministerio Público de la Acusación apunta a determinar si se utilizaron y filtraron informes y recursos del Organismo de Investigaciones (OI) -la Policía Judicial de Rosario- al entonces Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en acciones sin control de un fiscal o juez. Parte de eso, y tras varios meses, parece revelar la imputación en una investigación disciplinaria -no penal- a la jefa de Inteligencia Sur del OI, Débora Cotichini.
La investigación, que no tiene formalmente acusado a Sain, se realizó desde abril bajo un completo hermetismo pero promete estallar en medio de las turbulencias políticas en Santa Fe que provoca la causa de juego clandestino y con la campaña en marcha rumbo a las elecciones de septiembre.
El viernes, la Auditora General del MPA, María Cecilia Vranicich, anotició a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina de la acusación contra Cotichini y las menciones al ex ministro, que volvió al cargo que ganó por concurso como director del Organismo de Investigaciones, del que parte de la política lo quiere suspender y se discute en la Justicia Laboral. Vranicich lo hizo porque es el ámbito -por una ley aún discutida- en el que se debe evaluar el desempeño. Fue citada para este martes.
Consultado por este medio, Sain dijo que «hay una maniobra contra Débora Cotichini porque dirigió la unidad operativa del Organismo de Investigaciones más activa, eficiente y profunda contra las estructuras de poder que amparan o son socias de la criminalidad compleja». Y sentenció que «la provincia de Santa Fe le debe muchísimo».
El quiebre
La salida de Marcelo Sain al frente de Seguridad se precipitó el 19 de marzo. Las tensiones que generó en su paso por el Gobierno de Omar Perotti habían calado hondo en el Organismo de Investigaciones al que volvió y el 5 de abril se desató un incidente por el presunto vaciamiento de una oficina y el reestablecimiento a cero de una computadora, que pertenecía a la psicóloga Cotichini. Lo detectó y denunció el subdirector -a cargo en ausencia de Sain- Víctor Moloeznik.
Eso ameritó que la jefa de los fiscales de Rosario y auditora ad hoc, María Eugenia Iribarren, ordenara el secuestro de la computadora, que está por peritarse. El episodio generó un quiebre en el interior de la policía judicial, destinada al delito complejo y organizado. Ocho analistas declararon en la etapa administrativa y para el resguardo de su trabajo fueron reubicados en otras funciones en oficinas fuera del Organismo; la mayoría recayeron como auxiliares de unidades fiscales como Homicidios o Balaceras.
De casi una decena, sólo una de las declaraciones fue determinante y llevó a Vranicich a avanzar con un sumario que se mantiene bajo reserva. De las fuentes consultadas se desprende que cotejaron documentos, recopilaron mails, discos y hasta audios de WhatsApp que aportó uno de los involucrados para desincriminarse y explicar bajo las órdenes de quién desde una oficina pública y sin solicitud judicial «perfiló» (recopiló información en una carpeta) sobre personas señaladas a dedo; también, para dejar en claro en manos de quién terminaba esa producción. En algunos de esos audios la voz de Cotichini no deja dudas: «Ya se lo mandé a Marcelo», decía.
A consideración del sumario «Marcelo» no es otro que Sain, quien para esos tiempos, no era parte del Organismo sino del Poder Ejecutivo, y Cotichini debía responder a Moloeznik, Iribarren o al fiscal general Jorge Baclini, pero lo hacía a directivas extrajudiciales de quien tenía sus oficinas en la sede de la Gobernación. Esa es la teoría que llevó a Vranicich a imputarla, aún cuando no está probado que Sain lo haya recibido. Él niega cualquier irregularidad.
Moloeznik, un ex funcionario de Seguridad en el gobierno de Antonio Bonfatti que desarrolló la PDI (actual AIC) es ahora subdirector del Organismo por concurso. También fue denunciado por Cotichini por la intromisión a su oficina y computadora personal, pero Vranicich desestimó esa presentación.
Faltas graves y escándalo en puerta
La jefa de Inteligencia Sur fue notificada el 29 de julio y ante su abogado Juan Lewis de la investigación disciplinaria abierta y de su carácter de imputada. El viernes pasado el informe entró a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina. Será el lugar de resonancia de hechos graves, sin antecedentes en Santa Fe, y que no es penal pero que está a un paso de serlo. Por ejemplo, a Fernando Rodrigo la intervención telefónica del entorno de una ex pareja le costó su carrera como fiscal y una causa en contra.
La imputación a Cotichini tiene dos grandes ejes: haber utilizado los recursos de un área de investigaciones complejas para fines distintos a los institucionales -realizaban informes de personas sin controles judiciales y los enviaban al Ministerio de Seguridad- y la violación del deber de reserva, que no es otra cosa que la filtración de información reservada de causas judiciales al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en particular a Sain, sin autorización. Lo central allí eran las transcripciones de escuchas telefónicas.
La acusación habla claramente de Marcelo Sain pero la Auditoría del MPA no investiga al actual director del Organismo. Lo que la Auditoría enmarca en faltas graves no es el contenido -tampoco esta nota- sino que cuestiona la legalidad de los actos. Uno de ellos es información producida en el Organismo, sin solicitud judicial, que terminó en un canal de Buenos Aires.
«Un buen laburo, eh», lo saludó a Marcelo Sain en C5N el periodista Tomás Méndez en agosto de 2020 para entrevistarlo después de emitir un informe llamado «Narcoescándalo: los vínculos de funcionarios con el narcotráfico». Allí nombraban a abogados y ex secretarios como lo fue Ana Viglione en Delitos Complejos durante la gobernación de Antonio Bonfatti.
Es cierto y verificable que Viglione, ex secretaria de Delitos Complejos de Antonio Bonfatti, irá a juicio por falso testimonio en la causa Los Monos, algo que detectó y denunció el entonces juez Juan Carlos Vienna. Y que tuvo en sus manos información precisa de policías posteriormente involucrados en la causa Alvarado y no avanzó, como sí años después la Fiscalía provincial. Pero el informe en su contra, según apunta la Auditoría a la Legislatura, se realizó fuera de cualquiera de esas investigaciones y recaló en manos de Sain cuando era parte de otro poder del Estado, y que además lo usó como prólogo para una entrevista.
Transmisión sí, escuchas ilegales por ahora no
El tercer eje de la investigación fue determinar si el Organismo fue parte de intervenciones telefónicas ilegales, como sugieren los testimonios. Y en particular si una sugerencia sobre una línea se hizo para engañar a funcionarios judiciales y escuchar a un empleado público vinculado al senador Armando Traferri, por quien sobra la evidencia para ser citado a audiencia el 23 de agosto en la causa de juego clandestino y otras.
En ese caso, que no fue parte de la trama del juego ilegal sino otra que involucraría a policías, una exhaustiva revisión del proceso determinó que las grabaciones de esas llamadas estaban debidamente fundadas, sin inconsistencias, y que se hicieron tras ser autorizadas por el juez Facundo Becerra. «Hasta citaron al testigo de identidad reservada que había pasado la línea y ratificó que la había informado él», explicó una fuente.
En la Legislatura había este lunes todo tipo de versiones. Inclusive de hechos más graves que los que describe esta nota. Lo que es una incógnita es si es el final o apenas la punta del iceberg.
La mención al informe de TV contra Ana Viglione es sólo un ejemplo. Sucede que al contenido de la investigación lo sostienen en reserva pero es una trama que promete nuevos capítulos. Sain ya no está en el Ministerio de Seguridad pero resiste la intención de parte de la Justicia y la Política de desplazarlo y considera que es por el avance de las investigaciones complejas que involucran a sectores partidarios. A Méndez, en cambio, lo echaron de C5N por organizar un escrache a la casa de Patricia Bullrich.
