El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo; y el fiscal José Luis Caterina; brindaron detalles de los procedimientos realizados por la Unidad Especial de Asuntos Internos, en relación a la causa de defraudación con combustible que investiga a ex altos mandos policiales de la Unidad Regional II de Rosario, por impulso del Gobierno santafesino. Terminaron detenidas nueve uniformados este jueves, entre ellas el exjefe de la Unidad Regional; otros exfuncionarios y una persona más.
En la sede del Ministerio en Rosario, Cococcioni manifestó en primer turno que se trata del “esclarecimiento de una causa que para nosotros tiene prioridad número uno, porque se trata de la institución policial, de su correcto funcionamiento, pero también del esfuerzo que están haciendo los santafesinos para solventar el funcionamiento policial y de cuidar cada peso que va a seguridad y de que nadie se lo robe en el camino”.
El ministro valoró el trabajo conjunto entre el MPA, la Subsecretaría de Control y la Secretaría de Coordinación Técnica, las dos últimas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino. Y explicó que este jueves finalizó la intervención de seis meses a la UR II, producto de la cual “la secretaría Georgina Orciani concluyó un trabajo exhaustivo de auditoría logística, administrativa y de combustible sobre la UR II, que fue entregado a las autoridades del MPA, a mi persona, y se lo llevó en mano al gobernador Maximiliano Pullaro para examinar las medidas administrativas de carácter estructural que se han adoptado y que hay que seguir adoptando para reducir el riesgo de que estas maniobras puedan pasar sin ser detectadas”.
Además, indicó que “la otra medida es que a raíz de esto se van a hacer efectivos en los próximos días y se van a anunciar una serie de cambios en algunas conducciones de la Policía, que precisamente estaban en carpeta, pero tuvimos la precaución de no anteponer el ordenamiento administrativo a la investigación penal”.
Finalmente, Cococcioni expresó: “En principio, ya estamos detectando mensualmente ahorros en combustibles no inferiores a 25 millones de pesos, pero este es el piso de ahorro que se ha logrado a partir de estas medidas”, al tiempo que adelantó que la nueva conducción de la UR II ya está definida y que se dará a conocer en los próximos días.
Allanamientos y detenidos
El fiscal Merlo detalló que “este jueves se realizaron un total de 11 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Rosario, en relación con la causa de combustibles y que es una derivación de los allanamientos que se hicieron en marzo, de los cuales hay diferentes personas detenidas”. Y destacó el “trabajo en conjunto que se viene haciendo con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Provincia y también con la Unidad Especial de Asuntos Internos a los fines de poder detectar estas maniobras de corrupción que afectan a la institución y dar una respuesta en ese sentido”.
Por su parte, Caterina amplió más detalles: “Dijimos en su momento que esta investigación era dinámica, compleja. Hoy sumamos una decena de detenciones aproximadamente, prácticamente todos jefes que se desempeñaban dentro de lo que era la Agrupación Cuerpos de la UR II”.
El fiscal indicó que se trata de: “D.A., ex jefe de la UR II; A.B., ex jefe de Caballería y Perros; F.B., ex jefe del Grupo Táctico Multipropósito; R.B., ex jefe de Biologística de la UR II; N.C., ex jefe de policía adicional; D.A.S., ex jefe de Comando Radioeléctrico Rosario; R.S., ex interventor de Medicina Legal; H.D.S., ex jefe de Brigada Motorizada. Son los cargos al momento de los allanamientos”. Además, en uno de los domicilios allanados fue detenido L.G., ya que se le secuestró un arma de fuego tipo fusil.
“Estas personas, además de ser allanadas, ya están formalmente detenidas y en pocos días más vamos a tener una audiencia imputativa donde se van a especificar los cargos, la evidencia, pero sobre todo toda la evidencia nueva que hemos reunido en estos 6 meses”, finalizó el fiscal Caterina.
Fuente: CFIN
