El juez federal Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso este martes la prisión preventiva por 90 días al financista Fernando Whpei, quien quedó detenido apenas terminada la lectura de la resolución judicial y fue trasladado a instalaciones de la policía de seguridad aeroportuaria. Además, el magistrado lo embargó por 1.500 millones de pesos, decidiendo la inmobilización de sus bienes (tanto propiedades, como acciones y vehículos) hasta cubrir ese monto.
La decisión se tomó luego de una larga y extensa jornada en los Tribunales Federales de bulevar Oroño en la que el mutualista fue imputado por extorsión y una serie de delitos económicos en complicidad con el juez federal Marcelo Bailaque, quien ya fue imputado y su caso lo sigue también el Consejo de la Magistratura, y el ex titular de la Afip de Rosario, Carlos Vaudagna, quien llegó a un entendimiento con los fiscales federales al confesar su participación.
Para el juez, acorde a lo presentado por la Fiscalía, que Whpei siga libre puede comprometer y entorpecer la marcha de las investigaciones por los medios económicos y las influencias sobre funcionarios que tiene. “Es un riesgo procesal que no puede ser morigerado”, dijo.
El magistrado -en una muy fundada y sólida resolución- también resaltó la gravedad de los delitos, a los cuales se lo considera al mutualista como “coautor penalmente responsable” y además por “tener el control de la maniobras extorsivas”.
Estrategia defensiva
Antes de ser imputado por extorsión en la Justicia federal, el financista Fernando Whpei acusó de falso testimonio al empresario que lo denunció, el agente de Bolsa Claudio Iglesias, y pidió la recusación de los fiscales que lo investigan al asegurar que no son «imparciales», que la investigación está «direccionada con información sesgada» y «mintiéndole al tribunal».
Uno de los dos casos que llevó al mutualista a los Tribunales fue el de Iglesias, a quien -según los fiscales- Whpei, junto con el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y el ex titular de la Afip, Carlos Vaudagna, le armaron una causa penal para exigirle luego 250 mil dólares para desactivar el trámite de un proceso judicial en su contra que tenía por objetivo evitar que asuma la presidencia del grupo asegurador San Cristóbal.
Bailaque ya fue imputado y su caso se analiza en el Consejo de la Magistratura, mientras que Vaudagna llegó a un acuerdo con los fiscales confesando su participación en las supuestas maniobras.
Muy serio y con gesto adusto, el mutualista llegó al mediodía a la sede de bulevar Oroño de los tribunales federales junto con sus abogados Emiliano Díaz y Sergio De Dossi. Antes de arrancar la audiencia, los defensores del financista presentaron un recurso para recusar a los fiscales federales, un planteo que buscó dilatar la notificación de la imputación y postergar un pedido de prisión preventiva contra Whpei.
Fue el abogado defensor Díaz quien llevó la voz cantante del planteo de Whpei contra Iglesias y los fiscales. Según argumentó, Iglesias inventó la acusación de extorsión para mostrarse así como víctima y desviar la atención de que acaba de ser procesado -junto con su socio Jorge Oneto- por lavado de activos, por otros jueces federales no vinculados al caso, en base a la información obtenida en la investigación realizada por Bailaque tras la denuncia anónima de lavado que recibió Vaudagna, en la supuesta operación extorsiva contra su persona.
Entre otros argumentos expresados para recusar a los fiscales por imparciales, el letrado señaló:
Iglesias recién brindó su testimonio a los fiscales contando la supuesta extorsión en abril de este año, cuando el hecho habría ocurrido hacia 2019. Y lo hizo recién luego de que fuera procesado y luego de que se supiera que Vaudagna había confesado su participación en la maniobra extorsiva con Whpei y Bailaque.
Que Whpei no pudo nunca haber asistido a la cena con Bailaque y Vaudagna, en la que según Vaudagna le avisaron que se iba a iniciar la maniobra “porque se comió paella, y Whpei es alérgico a los pescados”. Y hasta ofreció un certificado médico que lo comprueba.
Que en la primera reunión, pedida por Iglesias a Whpei, participó un testigo -amigo del agente de Bolsa y conocido de Whpei- quien aseguró que allí no se planteó una extorsión sino que le ofreció un asesoramiento integral ante su caso en la Justicia, cuando Iglesias dijo que le habían pedido 250 mil dólares en forma de extorsión.
Que entre 2020 y 2022, Iglesias le ofreció en reiteradas ocasiones a Whpei participar en distintos negocios inmobiliarios, como las cocheras del Cetro Real y un fideicomiso para levantar un edificio en calle Santiago al 600, y hasta le gestionó que le compre vinos a un emprendimiento de su hija; todas actitudes que -según la defensa- no se mantienen con alguien que, supuestamente, lo había extorsionado años antes.
Además, presentó declaraciones de tres altos ejecutivos de San Cristóbal (el CEO, Diego Guaita, y dos gerentes Mariano Bravo y Sergio Salmi) que dijeron que Iglesias nunca estuvo en carrera para la presidencia, que ni siquiera había presentado lista y que era un directivo de tercero o cuarto orden. Salín incluso lo trató de un “mero tesorero”.
La defensa también acusó a los fiscales de presentar en las audiencias recortes de las entrevistas a testigos, a los denunciantes y a Vaudagna y no la totalidad de las declaraciones, ofreciendo así una postura sesgada de los hechos.
También dijo que los fiscales deberían haber investigado a uno de sus pares, el fiscal Claudio Kishimoto, porque fue él quien armó la causa penal contra Iglesias, entendiendo que las supuestas irregularidades denunciadas serían su culpa, pero -dicen- no lo hicieron “para direccionar la investigación contra Bailaque y perjudicar a Whpei”.
En definitiva, para los abogados defensores los fiscales incumplieron con su trabajo al perder la objetividad, ya que deberían haber tenido en cuenta toda esa información y hasta deberían haber acusado por falso testimonio a Iglesias.
A la hora de defenderse, los fiscales hicieron foco en un tema central: los abogados defensores del financista omitieron referirse a las declaraciones de Vaudagna, quien implicó directamente a Whpei en las extorsiones, diciendo -incluso- que el financista «tenía preponderancia» sobre el magistrado federal. Frente a la acusación de imparcialidad, respondieron calificando de «poco serios» los argumentos de la defensa. Por momentos, las partes se cruzaron duro y el juez tuvo que intervenir en varias oportunidades
Finalmente, el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz rechazó el planteo de la defensa por falta de argumentos que prueben una enemistad o imparcialidad de los fiscales. Además, calificó el pedido como un intento dilatorio de la imputación.
Así y todo, Whpei pudo dejar en claro, ya desde antes del arranque de la audiencia, su estrategia de defensa. Y recién con dos horas de retraso, pudo empezar la audiencia imputativa hacia las 15.30, en la que además se espera que los fiscales le pidan prisión preventiva al mutualista.
Hacia las 17, los fiscales habían terminado la imputación en el caso de Iglesias y luego comenzaron con el relato de otro caso que también tiene a Whpei en el banquillo: el desvío de fondos de la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín depositados en Banco Nación a las mutuales de los Whpei mientras estuvo intervenida por Bailaque, una maniobra que le generó una liquidez de mil millones de pesos (a valores de 2021).
El punto principal que conecta, para los fiscales, ambos casos es la «amistad manifiesta entre Bailaque y Whpei», destacando también la contundencia de la confesión de Vaudagna sobre el vínculo asegurando que «el no funcionario tenía preponderancia sobre el funcionario».
Pedido de prisión preventiva
Luego de las dos imputaciones, el fiscal de la Procelac, Diego Velasco, explicó el “peligro procesal” que significa que Fernando Whpei esté libre por su capacidad para entorpecer las investigaciones, por ejemplo borrando contenido de sus celulares, cambiando de teléfono, adquiriendo teléfonos encriptados.
Además, detectaron que tiene oculto patrimonio a nombres de terceros y que tienen participaciones en sociedades en países de bajo control tributaria como Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas, que dificultan embargados.
En ese sentido, dijo que hay “peligro de fuga” por su poder económico. «Entre 2019 y 2024 tuvo 69 vuelos en aviones privados», relató.
Fue por eso que Fiscalía federal pidió 6 meses de prisión preventiva para Whpei, con ejecución inmediata, pudiendo tener que pedir más tiempo para poder abrir los teléfonos encriptados y terminar informes patrimoniales encargados a las autoridades competentes.
Tras el pedido de los fiscales, el juez ordenó un cuarto intermedio entre las 18.30 hasta las 19.45 para darle tiempo a la defensa para analizar la imputación, y luego de que presente su postura, el magistrado finalmente decidirá si Whpei queda preso de manera preventiva.
Al tomar la palabra la defensa, luego del receso, hacia las 20, señalaron que no están dados los fundamentos para la prisión preventiva señalando que el “siempre estuvo sujeto a derecho”, y que en todos los testimonios nunca denunció amenazas o mal trato
Por su parte, Whpei señalo que tiene una “hija discapacitada con autismo y síndrome de down” que está a su cargo porque su mujer “está inmunho deprimida”. Es más, dijo: “soy el sostén de mi hija y estoy abocado totalmente a ella”. Por esas razones, la defensa pidió prisión preventiva domiciliaria.
Luego de las declaraciones de las partes, que terminaron a las 20.40, el juez se tomó hasta las 21.10 para definir la situación del mutualista dictando la prisión preventiva por 90 días.
Fuente: rosario 3
