El ex ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ex embajadora ante el organismo internacional Paula Bertol aseguraron que el país está amenazado “por hechos que avasallan la independencia judicial y buscan impunidad violando la constitución y los derechos humanos”
El ex ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, presentó una queja ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y aseguró que distintos hechos demuestran “el deterioro institucional que sufre nuestra democracia, amenazada por hechos que avasallan la independencia judicial y buscan impunidad violando la constitución y los derechos humanos”.
Garavano destacó tras hacer la presentación, que realizó junto a la ex embajadora ante la OEA Paula Bertol, que “como señala la Carta Democrática Interamericana, la separación e independencia de los poderes públicos son elementos esenciales de la democracia representativa”.
“La política estatal resulta funcional al objetivo de brindar protección y garantizar la impunidad de quienes -resultando funcionarios o aliados políticos del actual gobierno- se encuentran acusados, y en muchos casos condenados, de ser responsables de graves casos de corrupción”, amplió Garavano en un hilo en su cuenta de Twitter, que fue replicado por el ex presidente Mauricio Macri.
En esa línea, Garavano resaltó que “con la excusa del ‘lawfare’, el gobierno pretende rediseñar la estructura de la Justicia y del Ministerio Público en línea con el cumplimiento de sus objetivos políticos. La media sanción del Ministerio Público Fiscal es inconstitucional en tanto delega el poder sobre los fiscales en el Congreso”.
“El gobierno busca generar inestabilidad en los jueces actualmente en ejercicio, a todo aquel que pretenda contradecir las posturas gubernamentales, poniendo en grave peligro la independencia judicial”, detalló Garavano.
En tanto, concluyó que “las decisiones gubernamentales se han venido adoptado en violación al principio de separación de poderes, aprovechando la situación generada por la actual crisis sanitaria para acrecentar ilegítimamente el ámbito del poder y reducir los espacios de libertad de los ciudadanos”.
Los puntos salientes de la presentación
“La coalición política que gobierna la República Argentina desde diciembre de 2019 lleva adelante una política que pone en crisis los principios republicanos y democráticos cuyo respeto constituye no solo una cuestión moral, sino que es una obligación impuesta tanto por el ordenamiento constitucional como por los tratados de derechos humanos de los cuales la República Argentina es parte”, comienza el resumen ejecutivo que presentó Garavano.
En ese sentido, el ex ministro de Justicia de Macri agregó que “la política desarrollada por las actuales autoridades procura la concentración del poder, afectando los pilares mismos del sistema democrático: la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión y las libertades individuales de todos los habitantes de nuestro país, así como representa una violación de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos”.
“Con esta excusa, el gobierno pretende, entre otros actos que demuestran la pérdida de valores democráticos y republicanos, rediseñar la estructura de la Justicia, afectar la independencia del Ministerio Público, terminar con el periodismo crítico y generar estructuras estatales con el objetivo de generar control y censura sobre el libre ejercicio de la libertad de prensa y utilizar la organización estatal para lograr impunidad respecto de los amigos del poder”, sostuvo el ex funcionario.
Por último, Garavano aseguró que el Frente de Todos quiere “utilizar la denuncia penal a través de organismos estatales y funcionarios como la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro de la Nación, diputados nacionales y de otros allegados al poder, como parte de una política de estigmatización y revancha del actual oficialismo contra la personal del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, su familia y ex funcionarios de su gobierno”.
