La relación política entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa su momento más crítico desde el inicio del vínculo parlamentario. El detonante fue la designación de nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), una decisión adoptada durante una extensa sesión en la Cámara de Diputados que profundizó el malestar en el partido fundado por Mauricio Macri.
Dirigentes del PRO aseguran que el oficialismo avanzó sin consensos amplios y con un acuerdo político que incluyó al kirchnerismo, lo que derivó en fuertes cuestionamientos internos y públicos.
Ruptura política y pérdida de confianza
Desde el entorno del bloque que conduce Cristian Ritondo fueron contundentes. “La relación está rota”, señalaron, y advirtieron que será difícil recomponer la confianza tras lo ocurrido. Según explicaron, el PRO considera que acompañó iniciativas clave del Gobierno en el pasado y que ahora quedó marginado de una decisión central vinculada al control institucional.
La designación de Mónica Almada (LLA), Juan Forlón (Unión por la Patria) y Pamela Calletti (aliada del gobernador Gustavo Sáenz) fue interpretada como una señal de quiebre político y como una maniobra que debilitó los mecanismos de control del Estado.
Cuestionamientos a la designación en la AGN
El PRO, junto a otros bloques como la UCR, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, no participó de la votación. Desde el macrismo sostienen que el procedimiento vulneró el espíritu constitucional y vació de legitimidad política a la AGN.
Según expresaron legisladores del espacio, cuando el control se define por mayorías circunstanciales, la auditoría pierde su carácter técnico y plural. Para el PRO, este esquema afecta directamente la calidad institucional y genera incertidumbre sobre el rol que cumplirá el organismo.
Presupuesto 2026 y el impacto en la relación legislativa
La sesión también dejó heridas abiertas por el tratamiento del Presupuesto 2026. Si bien el oficialismo logró una media sanción parcial, el rechazo del Capítulo XI frustró los planes del Ejecutivo de derogar leyes consideradas incompatibles con el ajuste fiscal, como las vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario.
Otro foco de tensión fue la negativa a incluir el pago a la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación. En el PRO consideran que esa decisión compromete el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema y altera acuerdos políticos previos.
El rol de Mauricio Macri y las advertencias institucionales
Mauricio Macri siguió de cerca el debate parlamentario y, desde su entorno, responsabilizaron a la conducción de la Cámara de Diputados y al entorno presidencial por haber cerrado acuerdos con sectores que el PRO considera incompatibles con una agenda de fortalecimiento institucional.
Desde el macrismo advirtieron que “lo ocurrido es una señal de debilidad institucional” que puede afectar la credibilidad del país a nivel internacional. También anticiparon que el vínculo con el oficialismo pasará a una lógica de negociación caso por caso.
Tensiones que se replican en las provincias
El conflicto no se limita al Congreso. Intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires denunciaron que referentes de La Libertad Avanza obstaculizan la gobernabilidad en distintos concejos deliberantes. Señalan episodios de bloqueo presupuestario y alianzas tácticas con el kirchnerismo en municipios clave.
Este escenario refuerza la percepción de un deterioro general del vínculo político, tanto a nivel nacional como territorial, y anticipa un panorama legislativo complejo para las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.
