El Frente Renovador (FR), que conduce Sergio Massa, emitió un comunicado este miércoles en el que cuestionó el regreso del Impuesto a las Ganancias, que se decidió en la votación del paquete fiscal, adjuntado a la Ley Bases, que fue sancionada la semana pasada después de seis meses de negociaciones.
Bajo el título “El salario no es ganancia, evolución del impuesto a las ganancias para trabajadores y jubilados”, el espacio político destacó que “desde el 2003 hasta el 2022, la evolución de la cantidad de trabajadores y jubilados retenidos en el impuesto a las ganancias fue creciendo sustancialmente” en relación al total de empleados registrados en relación de dependencia.
Una modificación en la ley que se realizó en el 2021, en la que se estableció un nuevo piso a partir del que se empezó a pagar el impuesto, actualizó el universo de trabajadores alcanzados y lo redujo al 7% en lo que respecta a los incluidos en la cuarta categoría.
Según un recuento histórico que hizo el partido, en el 2003 había 496.331 trabajadores alcanzados por el impuesto, en el 2015 llegó a 1.194.149, y en el 2020 alcanzó su pico máximo con 2.425.880 trabajadores. En el 2021 eran 730.024 y en diciembre del 2023 llegaron a 701.928 trabajadores. “La proyección con los incrementos salariales a diciembre de 2023 es de 890.000 retenidos en el impuesto”, indicaron en el FR.
En el informe, la fuerza política destacó que la decisión del entonces ministro de Economía Sergio Massa, mediante la ley 27.725, sancionada en octubre del año pasado, el esquema se modificó con dos objetivos concretos: “reducir la presión fiscal y simplificar la mecánica de liquidación del impuesto”.
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Además, destacan que con el regreso de Ganancias avalado por la mayoría del Congreso, cerca de 1.100.000 trabajadores volverán a pagar el impuesto en alícuotas que van desde el 5 al 35%. Destacan también que con el mínimo no imponible y las escalas se actualizarán cada tres meses por la inflación, pero recién a partir de enero del 2025. “Esta actualización a partir del 2025 implica que en el 2024 terminen pagando el impuesto 2 millones de trabajadores”, indicaron.
Según el cálculo plasmado en el documento, “la recaudación proyectada es de 2 billones, equivalente del 0,4% del PBI” y con el regreso del gravamen, “en promedio cada trabajador pagaría $1.800.000 anuales, es decir $150.000 mensuales”.
En el Frente Renovador consideró que los sectores más afectados son la industria aceitera, los bancarios, el sector petrolero, los trabajadores del transporte terrestre, marítimo y aéreo, el personal de salud y la mayoría de los trabajadores formales que viven en La Patagonia.
Uno de los temas centrales que marca el informe es que el proyecto nuevo incorpora como parte de la base imponible del impuesto, “a todos los pagos recibidos por los trabajadores en relación de dependencia” y advierte que “no se aplicarán para el cálculo del impuesto exenciones o reducciones establecidas por otras normativas”.
En ese sentido marcaron que se dejan sin efecto varias exensiones entre las que destacan: la eliminación del tratamiento diferencial para las horas extras gravadas; la exención del bono por productividad; la exención de los suplementos particulares para el personal militar; la exención del aguinaldo y también la exención para las remuneraciones en concepcto de guardias para pesonal de salud.
También las sumas abonadas al personal docente en concepto de adicional por material didáctico; la deducción por gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en el transporte, y la derogación del incremento del 22% en la deducción para los trabajadores y jubilados que residen en la zona patagónica.
En el tramo final del informe, el FR apuntó contra la decisión del gobierno nacional y aseguró: “Resulta extraño que estando aún pendiente la separata que permite que paguen impuestos quienes tienen campos en el exterior, regímenes de grandes empresas o, peor aún, bancos y petroleras con el beneficio del ajuste por inflación, se decida hacerle pagar el impuesto a policías y médicos, a camioneros y docentes, en lugar de cobrarles a los grandes ganadores de la mega devaluación”.
Fuente: Infobae
