El acto central comenzó a las 18 y la convocatoria también se llevó a cabo en otras ciudades del país. Alberto Fernández consideró que es “una marcha ciudadana”, mientras que la oposición y organizaciones especializadas la criticaron duramente
Desde las primeras horas de esta tarde, manifestantes y referentes del kirchnerismo duro se expresaron contra la Corte Suprema de la Nación frente al Palacio de Tribunales. El acto central dio inicio a las 18 y la marcha se llevó adelante en otras ciudades del país.
Todo comenzó como una convocatoria marginal del kirchnerismo más cristinista. El dirigente social Luis D´Elía y el juez de Tribunal Oral Criminal Juan Ramos Padilla, llamaron a marchar bajo consignas de lo más variadas: desde “fin del lawfare”, “basta de impunidad” y “democratización de la Justicia”, hasta la renuncia del Máximo Tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Ambos impulsores fueron los primeros en llegar hoy y luego se fueron sumando dirigentes del ámbito sindical, como Pablo y Facundo Moyano, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Omar “Caballo Suárez”. También se hicieron presentes Graciana Peñafort (directora de Asuntos Jurídicos del Senado), Lorenzo Pepe (Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón), Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) y el ex vicepresidente Amado Boudou.
Un par de horas antes de que comience el acto central, D´Elía anticipó: “Va a hablar, allá por las 18.30, el juez Ramos Padilla y actrices argentinas (Cristina Banegas y Luisa Kuliok) van a leer un documento. Y vamos a cantar el himno”.
Por su parte, el propio Ramos Padilla se refirió al Máximo Tribunal con agravios: “Vamos a pedir la renuncia, que se vayan los jueces y que el pueblo tenga una justicia para el pueblo e igualitaria. Hay que modificar al Poder Judicial y no se puede hacer con delincuentes. Que renuncien para empezar a construir un Poder Judicial que nos sirva a todos, no a ellos. Han tolerado causas armadas, prisiones indebidas, han permitido que el país se endeude, hicieron un desastre”.
Conocida la convocatoria original, enseguida se habían unido Hebe de Bonafini y los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano. Así, la presencia de Bonafini impulsó la participación de organismos de Derechos Humanos alineados con el kirchnerismo, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la seccional Capital de H.I.J.O.S. y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros. En tanto, la adhesión de los Moyano encolumnó al Frente Sindical y se sumaron la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, más otros sectores gremiales.
La marcha, bautizada como “1F”, también recibió apoyos expresos del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y del de Seguridad, Aníbal Férnandez. Pero además se unió uno de los principales hombres de Cristina Kirchner en el gobierno: Juan Martín Mena, número dos del ministerio de Justicia, quien dijo que le parecía “sano y necesario” que la gente se pronunciara en una marcha. Un planteo similar realizó Martín Soria, quien desde que asumió en la cartera judicial en reemplazo de Marcela Losardo critica a la Corte Suprema.
El colectivo judicial kirchnerista “Justicia Legítima”, que encabeza Cristina Caamaño, también se sumó a la convocatoria. De esa manera, una organización presidida por quien maneja el servicio de Inteligencia del país convoca a una movilización contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de uno de los tres poderes del Estado. La jefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aclaró que no iba a concurrir personalmente, pero que acuerda con los motivos de la marcha.
A pesar de que integrantes del Poder Ejecutivo apoyaron la marcha, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había señalado: “El Gobierno no toma postura sobre la marcha del 1° de Febrero, pero cree, en relación al sistema de justicia, que es necesario una reforma integral para mejorar la justicia argentina”.
No obstante, anoche, en una entrevista con C5N, Alberto Fernández manifestó: “La marcha de mañana es una marcha ciudadana. Hay que entender que, en una República, cada Poder se expresa por un instrumento. El Poder Ejecutivo en decretos, el Poder Legislativo en leyes y el Poder Judicial en sentencias. Todos estos son actos de Gobierno y, como tales, son públicos. Y, como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número ‘x’ de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que los actos de Gobierno no se están adecuando a la Justicia. Nadie tiene que molestarse con eso. Es más, tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”.
Por otra parte, la movilización es criticada, por ejemplo, por la Asociación de Fiscales, que cuestionó duramente dichos recientes de los funcionarios del Poder Ejecutivo. “La independencia de los magistrados es una obligación de la República y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”, manifestaron en un comunicado.
El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) también se había manifestado en contra de la marcha empujada por sectores del gobierno nacional. “El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”, decía el concepto más fuerte del escrito publicado la semana pasada.
A su vez, la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país expresó este mediodía su enérgico rechazo a la marcha convocada para este martes y ratificaron su “inveterada posición en contra de cualquier hecho atentatorio del sistema democrático y republicano de gobierno”. “Las constantes afrentas que por distintos medios ha recibido el Máximo Tribunal, se orientan sistemáticamente a menoscabar la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”, expresaron.
En tanto, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se unió a las críticas a la marcha del “1F”: “El reconocimiento a la dignidad de la Justicia y en particular de la Corte Suprema y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito institucional indispensable para encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido”, dijeron los empresarios en un comunicado.
Asimismo, diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio remarcaron que la marcha se trata de un “claro intento desestabilizador a uno de los poderes constituidos por el Estado”. “Este apriete a la Corte es porque las cosas no salen como Cristina Kirchner quiere. Es un acto golpista. Es querer voltear al Máximo Tribunal de nuestro país. No se puede atentar contra la Corte”, sostuvo Patricia Bullrich, presidenta del PRO en declaraciones radiofónicas.
Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, calificó de “grave” el aval del oficialismo a la marcha contra la Corte. “Lo único q falta es que la encabecen Alberto y Cristina. Falta que le digan que se manden a mudar los jueces de la corte porque no le gustan sus fallos”, criticó el diputado.
