El Presidente había cuestionado que siga cumpliendo funciones como fiscal de Comodoro Py después del caso D’Alessio
Carlos Stornelli oyó el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Sus palabras apuntaron directo a él cuando habló de un fiscal procesado que seguía cumpliendo su rol en Comodoro Py y no se le aplicaba la llamada doctrina Irurzun. “Su poder no es residual, está vigente”, disparó el jefe de Estado sentado junto a su vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Perseverar en cumplir con el deber y guardar silencio son la mejor respuesta a la calumnia”, respondió Stornelli apenas terminó el discurso, cuando fue consultado por Infobae sobre los dichos presidenciales.
Esta vez, el presidente dijo durante la apertura de las sesiones ordinarias cuando criticaba a la Justicia. “En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su “poder residual” pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”, aseveró.
No es un dato al pasar que el jefe de Estado cargara contra la mal llamada doctrina Irurzun. Fue precisamente una apelación de Stornelli por la causa Río Turbio la que generó el fallo que dictó el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun la que dispuso que se procediera a la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido, por esos días diputado de la Nación. Sin embargo, los arrestos a ex funcionarios kirchneristas por distintas causas habían empezado antes. Y ha sido el blanco de cuestionamientos abiertos por todo el espacio oficialista, encabezados por CFK que no llegó a ser detenida porque tenía fueros pero vio crecer las detenciones de quienes fueron sus funcionarios y allegados mientras crecían sus procesamientos en la era macrista.
En su discurso ante el Congreso, el jefe de Estado añadió: “también observamos como sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”.
No es la primera vez que Stornelli es foco de las críticas oficiales. Es que el fiscal que llevó adelante la causa por los cuadernos de las coimas, en donde Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita, también es investigado por la justicia de Dolores por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio, que pedía coimas a empresarios para ayudarlos con sus problemas judiciales.
El juez Alejo Ramos Padilla -que desde el viernes pasado dejó la órbita de Dolores y pasó a ser juez federal de La Plata con competencia electoral- procesó a Stornelli por ser parte de una asociación ilícita paraestatal de la que se valió el gobierno de Mauricio Macri para investigar y perseguir a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El caso comenzó a mediados de enero de 2019, cuando el empresario de vínculos con el kirchnerismo Pedro Etchebest aseguró que el falso abogado Marcelo D’Alessio le había avisado que había sido imputado por un arrepentido en la causa de los cuadernos y le había solicitado USD 300 mil para ayudarlo.
Ramos Padilla inició una investigación por una extorsión que, con el allanamiento a la casa de D’Alessio, viró en otra cosa cuando se encontraron armas, equipos de comunicaciones y una serie de carpetas y documentos que daban cuenta de una red de espionaje de alcance político, periodístico, empresarial y judicial. Así lo explicó el juez las dos veces que fue al Congreso a dar detalles de su investigación (una frente a la Comisión de Libertad de Expresión y otra a puertas cerradas ante la Comisión Bicameral de Seguimiento a los organismos de inteligencia).
El primer procesamiento para Stornelli llegó en diciembre de 2019, después de su indagatoria que demoró varios meses. Algo que fue criticado por la hoy vicepresidenta en varios tuits. “El fiscal que fue fotografiado, filmado, grabado y whatsapeado con D’Alessio extorsionando a empresarios en la causa de las fotocopias, no se presentó a prestar declaración indagatoria en la que se investigan dichas maniobras de extorsión. Tampoco entregó su teléfono”, resaltó, tras contar las veces que ella tuvo que desfilar por los tribunales de Retiro.
Stornelli sigue sin reconocer la competencia de Dolores para investigarlo además de afirmar que se montó toda una operación en su contra para atacar la causa de los cuadernos. El primer procesamiento de Stornelli recién fue revisado por la Cámara Federal de Mar del Plata un año después. El 11 de diciembre los jueces de Mar del Plata confirmaron solo dos de los hechos atribuidos a Stornelli, y lo sacaron de la asociación ilícita. También desprocesaron al periodista Daniel Santoro. Esa decisión fue apelada por los querellantes ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Pero en el mientras tanto, Ramos Padilla amplió sus procesamientos y el de otros integrantes al hablar de una organización paraestatal de inteligencia con lazos directos en el mundo de la AFI -algo que inicialmente no estaba porque D’Alessio, al menos oficialmente-. Esa resolución todavía no fue revisada por la Cámara de Mar del Plata.
Antes de irse de la causa, Ramos Padilla sugirió que todas las causas de espionaje deberían tramitar en un mismo megaexpediente. Ahí está en foco el capitulo iniciado en Lomas de Zamora donde la propia Cristina Kirchner es querellante y apeló ante la Corte Suprema de Justicia que el caso no pase a Comodoro Py.
Casación frenó momentáneamente el pase de la causa a los tribunales de Retiro hasta que se defina si se acepta el recurso extraordinario de la vicepresidenta. El expediente en Comodoro Py iba a quedar en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Stornelli. Pero la semana pasada Stornelli se excusó de intervenir.
Lo hizo al señalar que en esa causa se investigaban un capitulo del espionaje a los presos kirchneristas. Y él es querellante en la causa por el llamado “operativo Puff”, en donde se oyó a varios detenidos hablando de la causa que estaba naciendo en el juzgado de Dolores. Para los escuchados, en cambio, es la prueba de cómo estaban siendo vigilados ilegalmente.
