El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, lanzó un dispositivo que brinda acompañamiento jurídico a quienes sufran violencia política, como respuesta a una serie de amenazas que tanto él como quienes forman parte de su espacio recibieron a través de las redes sociales. “No esperen que lo naturalicemos”, sostuvo.
Se trata de una iniciativa llamada “Argentina sin miedo”, donde un equipo de abogados “comprometidos” y diversos organismos, en articulación con organizaciones internacionales. De esta manera, quienes hayan sido víctimas de violencia política pueden recibir asesoramiento a través del mail argentinasinmiedo@gmail.com. Luego, podrán hacerlo a través de una plataforma que sigue en proceso de diseño.
Grabois presentó esta herramienta a través de un texto en sus redes sociales, en el que denuncia las amenazas que recibió él y parte de su organización. “El que las hace las paga”, comienza diciendo su descargo.
“Algunos habrán visto un video de amplia difusión en las redes sociales dónde un señor con formación en un instituto militar, empresario de la construcción y autodefinido como integrante de La Libertad Avanza nos notificaba de manera explícita lo siguiente: (1) que me cuide porque estaba “regalado” y “ellos” me iban a matar, (2) que mis “seguidores” piensen en sus familias porque correrían la misma suerte y los iban a “hacer cagar”, (3) que iban a colocar artefactos explosivos y disparar sobre una eventual manifestación pública”, menciona luego el referente del Frente Patria Grande.
Con respecto a quien realizó este tipo de amedrentamiento, Grabois informó que “esa persona ya fue identificada, imputada por delitos no excarcelables, citada a indagatoria”. Mientras tanto, iniciaron una demanda civil “porque además de responder ante la justicia penal va a tener que pagar una indemnización económica que no le va a salir nada barata”. “El que las hace, las paga. No les vamos a dejar pasar una”, advirtió.
En este contexto, el referente del MTE explicó que “no se trata del primer caso”, puesto que ya suman cuatro expedientes con querellas penales y demandas civiles. En ese sentido, aclaró que estas denuncias “no son por diferencias políticas, opiniones negativas, adjetivaciones, chicanas, ni siquiera insultos”, sino que se tratan de amenazas, agresiones físicas, hostigamiento, difamación, falsas imputaciones “que pueden poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros, compañeras y sus familiares”. “Ahí trazamos un límite, porque esos niveles de violencia y conatos de intimidación limitan la libertad”, expresó.
Así, mencionó que “muchas personas, agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, gremiales de mujeres y derechos humanos han sufrido situaciones similares en los últimos meses por pensar distinto”. Por esto mismo, impulsó el nuevo dispositivo de asesoramiento jurídico.
