La diputada nacional Marcela Pagano volvió a cuestionar el funcionamiento administrativo de la Quinta Presidencial de Olivos y difundió una serie de acusaciones bajo la denominación “Olivosgate”. Sus señalamientos apuntan a presuntas irregularidades en contrataciones, utilización de recursos públicos y vínculos entre proveedores y personas relacionadas con el entorno de la Presidencia.
Las acusaciones fueron difundidas por Pagano a través de su cuenta de X y, según la legisladora, parte de la documentación ya fue presentada ante la Justicia. Las afirmaciones corresponden a la diputada y deberán ser investigadas para determinar si existieron delitos o irregularidades.
Un catering privado y el uso de recursos estatales
Uno de los principales puntos planteados por Pagano está relacionado con el funcionamiento de la cocina de la residencia presidencial. La legisladora sostuvo que el área quedó bajo la responsabilidad de Analía Agudiez, a quien vinculó familiarmente con personas que trabajan o trabajaron en la Quinta de Olivos.
Según su denuncia, Agudiez también estaría relacionada con un emprendimiento privado de catering denominado “Pancitos Caseros”. Pagano cuestionó si insumos adquiridos con fondos públicos pudieron haber sido utilizados para esa actividad privada y reclamó que la situación sea investigada.
El proveedor que habría facturado más de $600 millones
Otro de los puntos centrales de la denuncia se refiere a un supuesto proveedor de la Presidencia.
Pagano afirmó que, de acuerdo con documentación que difundió, un jubilado de un barrio carenciado, sin vivienda ni patrimonio, habría sido utilizado para facturar más de $600 millones al Estado como proveedor de la Presidencia.
La legisladora puso en duda que esa persona haya sido quien efectivamente recibió los fondos y vinculó el caso con una posible maniobra de utilización de identidad. Se trata de una acusación que deberá ser corroborada mediante la documentación y la investigación judicial correspondiente.
Jardinería, carritos de golf y otros gastos
La presentación de Pagano también incluyó cuestionamientos sobre distintos servicios contratados para la Quinta de Olivos.
En particular, mencionó la contratación de Franco Castelli para tareas de jardinería y sostuvo que existiría una relación comercial con personas vinculadas a la familia Agudiez. La diputada afirmó que ese procedimiento ya fue denunciado y lo vinculó con el expediente CFP 2273/2026.
Además, cuestionó el incremento de contrataciones de carritos de golf de la empresa Melex y realizó observaciones sobre compras de aromatizantes de la marca Saphirus.
Pagano también hizo referencia a un supuesto esquema de comisiones del 3% y lo relacionó con investigaciones previas sobre contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esa vinculación forma parte de los señalamientos realizados por la legisladora y no implica, por sí misma, una conclusión judicial.
Despidos y cambios en la Quinta de Olivos
Las acusaciones se producen luego de los cambios registrados en el personal de la residencia presidencial. Según información difundida en los últimos días, 12 trabajadores civiles fueron despedidos.
Pagano sostuvo que el desplazamiento del personal y una mayor presencia militar en el predio estarían vinculados con las irregularidades que denunció. La legisladora afirmó que el objetivo habría sido ocultar supuestos desvíos de mercadería y calificó la situación de la residencia como un “cuartel”.
La diputada aseguró finalmente que presentó ante la Justicia una denuncia por presunto peculado, fraude a la administración pública y lavado de dinero. Ahora deberán avanzar las investigaciones correspondientes para establecer si existieron delitos, responsabilidades administrativas o si las acusaciones carecen de sustento.
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