El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la provincia trabaja en los aspectos normativos y operativos necesarios para comenzar a implementar el sistema a partir del 5 de septiembre, fecha prevista para la entrada en vigencia de la ley nacional.
La reforma reduce de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un régimen específico para adolescentes, con medidas orientadas a la responsabilidad penal, la educación, la resocialización y la reintegración social.
Santa Fe asegura que ya cuenta con parte de la estructura
Cococcioni sostuvo que la provincia “no parte de cero” frente a la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Santa Fe cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil basado en los principios del sistema acusatorio que ya se aplica a los adultos. Además, ese mismo año fue sancionada una ley de ejecución de la pena que incluye disposiciones aplicables de manera supletoria a menores y establece pautas para su alojamiento.
A esta estructura se suman los institutos juveniles que actualmente funcionan en territorio provincial.
El paso pendiente será la firma de un decreto por parte del gobernador Maximiliano Pullaro. Según explicó el ministro, esa normativa permitirá ordenar qué tipo de establecimiento deberá utilizarse de acuerdo con cada medida dispuesta por la Justicia.
Tres niveles para los casos de privación de libertad
El nuevo esquema contempla distintas respuestas según la gravedad del delito y las características de cada adolescente.
En primer lugar aparece la prisión domiciliaria, para la cual la provincia prevé proponer el uso de tobilleras electrónicas como mecanismo de control del cumplimiento de las condiciones fijadas judicialmente.
El segundo nivel estará conformado por establecimientos de puertas abiertas. Se tratará de espacios de carácter intermedio, sin funcionamiento estrictamente penitenciario y bajo la conducción de personal civil.
Finalmente, para los delitos más graves, violentos o aquellos casos que presenten una mayor complejidad criminológica, se utilizarán los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ).
Estos establecimientos serán cerrados y tendrán un régimen similar al penitenciario, aunque estarán destinados exclusivamente a adolescentes. La normativa nacional establece que los menores privados de la libertad deberán permanecer separados de las personas adultas detenidas.
Medidas alternativas y privación de libertad
El sistema también contempla una diferencia entre las medidas alternativas a la prisión y aquellas que impliquen privación de libertad.
Las primeras tendrán características similares a algunas de las intervenciones que actualmente se desarrollan desde las áreas de Niñez. En cambio, la ejecución de las medidas de carácter penal quedará bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.
La organización busca establecer respuestas diferenciadas y proporcionales a cada situación, evitando que todos los casos tengan el mismo tratamiento.
La nueva ley establece un límite de 15 años
Cococcioni también remarcó que la reforma no equipara automáticamente las penas de los adolescentes con las previstas para los adultos.
De acuerdo con lo explicado por el funcionario, las penas aplicables a menores tienen una reducción y un límite máximo. La nueva legislación establece que no puede aplicarse la prisión perpetua a adolescentes y fija un tope de 15 años de pena.
La normativa nacional reemplaza el régimen que estaba vigente desde 1980 y establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Con la entrada en vigencia prevista para el 5 de septiembre, Santa Fe deberá poner en funcionamiento el esquema provincial y garantizar la disponibilidad de establecimientos, personal especializado y mecanismos de seguimiento para cumplir con el nuevo régimen penal juvenil.
