La titular de la comisión bicameral de Acuerdos, la diputada socialista Lionella Cattalini, convocará al auditor del MPA para tratar el caso del fiscal Matías Edery.
La denuncia contra el fiscal Matías Edery llegará la semana próxima a la Legislatura santafesina. La comisión Bicameral de Acuerdos convocará para el próximo miércoles al auditor general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, para que informe sobre el procedimiento administrativo que se abrió con el integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario.
Edery es investigado por la posible comisión de delitos de acción pública. Este miércoles, el fiscal Pablo Socca acusó a su par de mantener una relación impropia con Mariana Ortigala, imputada por extorsión y sospechada de actuar como testaferro de la familia Cantero.
Según la presentación de Socca y su par Miguel Moreno, Edery habría omitido pasar información aportada por Ortigala acerca de delitos que investigaban otros fiscales. También señalaron que Ortigala accedió a información de procedimientos contra el delito que realizaban otros fiscales.
Desatado el escándalo, se abrieron dos canales de investigación. Uno es el penal. Según indicó la titular de la Fiscalía Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, le solicitó a la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, para que el procedimiento se lleve adelante en “otra jurisdicción con mayor objetividad».
El otro frente es el administrativo. En ese plano, Mai ya notificó a la Legislatura que abrió un procedimiento en el que recolectará distintas pruebas.
Si entiende que Edery incurrió en una falta leve, a la que pueda caberle una sanción de hasta dos meses de suspensión, quedará en la órbita del MPA. En cambio, si la sanción prevista supera los dos meses —o incluso contempla la suspensión— el trámite pasará a los senadores y los diputados.
El fiscal Matías Edery, integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario
La comisión bicameral de Acuerdos es presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini. La integran también los senadores peronistas Joaquín Gramajo, Rubén Pirola y Alcides Calvo y el senador radical Lisandro Enrico, y los diputados radicales Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido y Julián Galdeano, además de Clara García (Partido Socialista), Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia).
Si la comisión entiende que la Legislatura debe abocarse, se abrirá un plazo de treinta días en el que deberán formalizar la acusación y someterla a la Asamblea Legislativa.
“Rebotes en la Legislatura va a haber, pero para tumbarlo van a necesitar una acusación fuerte. Cuando se trató su concurso tuvo un respaldo importante”, señala un legislador al que se le termina el mandato el 10 de diciembre.
Protagonista de causas resonantes, como la investigación sobre juego clandestino que generó un tembladeral político e institucional en la provincia, Edery obtuvo el año pasado de la Asamblea Legislativa un apoyo transversal a todos los espacios políticos. En noviembre, los diputados y los senadores aprobaron su pliego por 56 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Una de ellas fue del senador sanlorencino Armando Traferri señalado por Edery y su par Luis Schiappa Pietra como organizador de una asociación ilícita. Sin embargo, a fines de 2020 el Senado consideró que los argumentos de los fiscales eran insuficientes y rechazó el desafuero.
Ahora Traferri, que fue reelecto como senador en las elecciones del 10 de septiembre, pidió a la Cámara alta que analice quitarle las inmunidades.
Un experimentado legislador radical que pidió preservar su nombre sugirió no tomar el amplio apoyo que obtuvo Edery el año pasado como un anticipo de lo que pasaría si la acusación llega a la Asamblea Legislativa. “Hay que ver el caso y cómo soplan los vientos”, deslizó.
El caso Edery se desata en medio de la renovación de autoridades políticas de la provincia. Tanto a nivel del Poder Ejecutivo, con la salida de Omar Perotti y el ingreso de Maximiliano Pullaro, como en la Legislatura. De los actuales integrantes de la comisión bicameral de Acuerdos, siete tendrán una banca en la nueva etapa: Cattalini, Gramajo, Pirola, Calvo, Enrico (que suena para ocupar un lugar importante en el futuro gobierno de Pullaro), García y Bastía. Cinco no renovarán su asiento: Busatto, Galdeano, Mayoraz, Cándido y Real.
En todo caso, a partir del 11 de diciembre la foto de la Legislatura será muy distinta a la actual. Unidos tendrá las 28 bancas de la mayoría en Diputados, con la posibilidad de sumar más votos de otros bloques, y los dos tercios en el Senado.
Fuente: La Capital
