Pasadas las 12.30 se cumplió el primer paso de varios dispuestos para este súper jueves legislativo que también tiene previsto tratar Presupuesto, Ley Tributaria, normas en el último día del período ordinario de sesiones y nada menos que 82 pliegos para cargos en la Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Enress, con alto voltaje político y acusaciones cruzadas previas. Crédito: Guillermo Di Salvatore
La lógica del justo medio, clave para preservar la negociación política, se impuso para la suerte de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la primera circunscripción, Cristina Ferraro, por 150 días sin goce de haberes, por su actuación en el marco de la llamada Causa Oldani. La causa fue que permitió que fuera retirada de la escena del crimen una suma presuntamente millonaria de fondos en efectivo, en el negocio donde además de servicios turísticos habría funcionado una financiera de hecho (de las popularmente conocidas como “cuevas”).
Buena parte de la sanción votada por «mal desempeño», que logró los votos a favor de todos los presentes, se decidió antes, en la reunión de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que aconsejó a la Sesión Conjunta de ambas Cámaras partir por partes iguales a quienes pedían una sanción menor por un lado y la separación del cargo por otro.
Dos elementos pesaron en favor de Ferraro. La tozuda decisión de convocar a la unanimidad del presidente de la bicameral, el senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y sus antecedentes impecables hasta ese hecho, según quienes revisaron su caso tras el avocamiento de esa comisión, y la denuncia formulada por la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Además de la decisión adoptada por el Poder Legislativo de Santa Fe, mediante un procedimiento que exige quórum y mayoría de cada Cámara por separado en un mismo ámbito de debate, la fiscal Ferraro afronta una causa en la Justicia Federal. Si en esa instancia el caso avanza, la Legislatura volverá a discutir sobre la fiscal suspendida.
El dictamen por unanimidad también es una forma de preservar el mecanismo por el que la Legislatura extendió a los fiscales y defensores (además de los titulares de ambos órganos penales) su potestad de imponerles sanciones o destituirlos.
Esa facultad está prevista en la Ley 13.807 y su existencia es cuestionada por los diputados que pidieron la abstención: Fabián Palo Oliver, Mónica Peralta, Carlos del Frade, Dámaris Pachiotti, Rubén Giutiniani y Agustina Donnet. El primero y la última hablaron de su deseo de que se reforme esa norma y de la necesidad de contar con «un Consejo de la Magistratura» consagrado por ley, respectivamente.
Matilde Bruera y Paola Bravo también votaron a favor de la sanción, aunque se oponen al mecanismo por el que la Legislatura impone esa potestad.
Leandro Busatto reivindicó esa facultad y advirtió que sin ella el castigo que como máximo hubiera impuesto el MPA internamente era de apenas 60 días de suspensión sin salario.
La Sesión Conjunta fue celebrada pasado el mediodía del súper jueves legislativo del 24 de noviembre. Con la sanción pecuniaria a la fiscal Ferraro y el rechazo del pleno al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la suspendida fiscal de la segunda circunscripción, Melisa Serena, se cumplió el primero de varios pasos previstos para una agenda que incluye sesiones de ambas Cámaras y una agenda con ítems como Ley de Presupuesto (que ya logró media sanción del Senado y se negocia su aprobación con cambios en Diputados y posterior pase a la Cámara alta de origen), lo mismo con la Ley Tributaria de 2023 y todas los proyectos que se espera convertir en una norma antes de que termine el período ordinario de reuniones. A eso se suma la discusión de alto voltaje político y las acusaciones mutuas entre bloques y con el gobierno provincial sobre el proceso de concurso y selección de candidatos de una parte de los 82 pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Luego de eso se esperaba que sesione la Asamblea Legislativa, cuyo quórum es de 36 miembros, un número que superó con comodidad la suma de los diputados y senadores presentes en la Sesión Conjunta donde reinó el acuerdo. No se esperaba el mismo panorama para la discusión de los candidatos a integrantes del Poder Judicial, en especial sobre el proceso previo para cubrir cargos en juzgados comunitarios de pequeñas causas (otrora jueces de paz) donde los cuestionamientos del radicalismo además del gobierno provincial también apuntan al socialismo.
También se esperan diferencias sobre un número bajo de postulantes a juzgados y para uno de los dos propuestos para el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios: el pliego del ex ministro de Seguridad Jorge Lagna, elevado por el gobernador Omar Perotti.
fuente: El Litoral
