La Legislatura exige investigar al ex ministro, pero una jueza laboral le ordenó que archive el caso. El máximo tribunal toma el tema y se saltea la feria para eso
El conflicto de poderes que produce el caso Sain agregó este jueves un importante episodio al nivel más alto. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aceptó un pedido del jefe de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura para avocarse a resolver la continuidad de la investigación por presuntas faltas graves del ex ministro de Seguridad. Y para pronunciarse a la brevedad habilitó la feria judicial para ocuparse del tema lo que significa que lo tratará durante el receso de invierno que comienza la semana próxima.
La Corte de la provincia aceptó considerar el planteo del diputado Fabián Bastía que en su carácter de jefe de la Comisión de Acuerdos rechaza la resolución de la jueza laboral de Rosario Paula Calace Vigo, quien ordenó a la Legislatura archivar el proceso disciplinario abierto contra Marcelo Sain. Lo hizo al admitir el amparo del ex ministro de Omar Perotti, actual titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien pedía no ser investigado por la Legislatura, merced a la incompetencia que le atribuye para juzgar su conducta.
El planteo de Bastía, patrocinado por el abogado constitucionalista Domingo Rondina, es que la Justicia Laboral no es competente para resolver un amparo de un funcionario público sino que debe entender la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Por eso le pide la la Corte que absorba ese expediente, retirándolo de la Justicia Laboral, y resuelva.
El diputado indicaba que eso es necesario para remediar «el gravísimo conflicto de atribuciones» que se da en la causa, donde el Poder Judicial (jueza laboral) intenta hacer prevalecer la decisión del Gobernador por sobre la de la Legislatura, que a su criterio es constitucionalmente competente. Esto en virtud de una reciente ley que puso en manos de los miembros de la Comisión de Acuerdos el juzgamiento de las faltas de los organismos dependientes del MPA.
Sain se opone porque alega que no puede ser juzgado retroactivamente dado que los hechos que se le reprochan son previos a la sanción de la ley. Pero el argumento de Bastía es que para aceptar el amparo del ex ministro la jueza Calace Vigo tomó en cuenta que el fiscal de Estado, Rubén Weder, se allanó al planteo de Sain. Esto para la mayoría de los legisladores es un acto cuestionable por el que pedirán el juicio político a Weder.
Lo que le cuestionan a Weder es que obedeció órdenes directas de Omar Perotti a partir de un decreto en el que el gobernador le pidió que se allanara al reclamo de Sain. Los legisladores dicen que Weder aceptó sin tener en cuenta que hay una ley que faculta a la Legislatura a investigar al ex ministro. Sostienen que sin pedir informes a la Legislatura el fiscal de Estado la pasó por alto. Y que este funcionario no es representante del Poder Ejecutivo sino de la provincia toda. Vale decir también de la Legislatura.
Son muy excepcionales los casos donde la Corte resuelve avocarse directamente a un caso y para más durante la feria judicial. Esto tiene que ver con la dimensión de un conflicto de poderes que produce desconcierto y dificultades para su comprensión. El máximo tribunal debería expedirse sobre un asunto complejo: si la sentencia de la jueza laboral que benefició a Sain tiene validez o no y sobre la actuación del fiscal de Estado. Un hombre que fue histórico funcionario de la Corte como jefe de relatores.
En tal caso la Corte se expedirá dejando disconforme a uno de los dos Poderes del Estado. Antes debe comunicar el tema al procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, para que se expida.
Todo esto ocurre a una semana de que la Corte de la provincia resolviera, en fallo dividido, reconocer la potestad de la Legislatura para controlar el régimen disciplinario de los fiscales en la causa seguida contra el fiscal rosarino Adrián Spelta. Como el fiscal Spelta apeló esta determinación que implica que los legisladores pueden juzgarlo debe dirimir este asunto la Corte Suprema de la Nación. Distintas entidades académicas fueron muy críticas con esta resolución que, consideran, limita la autonomía e independencia de los fiscales para investigar, generando disciplinamiento de actores con poder formal o influencia.
