Comienzo de una nueva etapa de control interno
Este martes, en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro se sometió en persona al primer narcotest destinado a las fuerzas de seguridad provinciales. El análisis, cuyo resultado fue negativo para cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas, marcó el inicio formal de una política de controles periódicos, sorpresivos y obligatorios.
La iniciativa, que retoma una medida impulsada por Pullaro en 2017, incluye a policías, penitenciarios y funcionarios políticos del área. También el actual ministro Pablo Cococcioni fue testeado esta mañana con resultado negativo.
Narcotests como política de Estado
Según se informó oficialmente, solo durante la mañana se realizaron unos 30 controles. Los resultados se entregan de manera confidencial y bajo supervisión jerárquica directa. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina, y para eso necesitamos también la integridad de nuestros efectivos”, expresó Pullaro.
El mandatario enfatizó que la política no busca criminalizar el consumo problemático, pero sí exige estándares estrictos para quienes ocupan cargos sensibles. “Aquí no se persigue a nadie, pero tampoco se tolera que haya funcionarios que consuman drogas ilegales”, sostuvo.
Control externo y consecuencias
Los controles se realizarán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología, utilizando hisopados bucales de detección rápida y multicomponente. Los resultados quedarán disponibles para tomar decisiones disciplinarias o de salud según el caso.
Cococcioni explicó que los test son obligatorios y no anunciados: “Se convoca al personal de forma inmediata y la inasistencia genera sanciones y pérdida de confianza institucional”.
Parte de un plan más amplio de integridad
La implementación de los narcotests también será condición en los exámenes de ingreso y ascenso dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. “Detectar un consumo no implica necesariamente una sanción, pero sí puede implicar el apartamiento si se trata de alguien con funciones críticas”, precisó el ministro.
La medida forma parte de un plan más amplio para preservar la transparencia, la integridad y el profesionalismo dentro del sistema de seguridad pública de Santa Fe.
