En Villa Gobernador Gálvez, unas 30 mil personas utilizan energía eléctrica sin pagarla, en muchos casos porque viven en zonas donde la red formal no llega. La Cooperativa Integral —encargada de distribuir el servicio de la EPE en la ciudad— advirtió que la situación económica es insostenible y evalúa la posibilidad de cortes programados en 33 barrios populares, lo que tensionó el escenario local.
La deuda y el escenario crítico
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) reclama a la Cooperativa una deuda cercana a 6 mil millones de pesos, acumulada por el elevado consumo clandestino. Según la prestataria, el 42% de la energía adquirida es hurtada, especialmente en barrios donde viven unas 8.200 familias sin acceso formal a la red.
La Cooperativa argumenta que no puede ejecutar obras en esos sectores porque muchos asentamientos están construidos sobre terrenos privados, lo que impide avanzar en la instalación de medidores y tendidos eléctricos seguros.
El pedido del intendente: diálogo y obras
El intendente Alberto Ricci pidió encarar el conflicto con “sensibilidad” y reclamó que se abra una mesa de diálogo entre la Cooperativa, la EPE y el municipio. “Tenemos que lograr que esas familias tengan un servicio normalizado y empiecen a pagar”, señaló, para evitar que la deuda siga creciendo.
Ricci invitó a las autoridades provinciales a recorrer los barrios afectados para comprender la complejidad del problema: obras paralizadas, falta de financiamiento y la imposibilidad técnica de intervenir en campos privados.
Un problema estructural y de larga data
El mandatario recordó que durante las gestiones de Miguel Lifschitz y Omar Perotti se habían iniciado trabajos para mejorar la infraestructura eléctrica, gracias a aportes nacionales. Sin embargo, esos fondos dejaron de llegar durante el actual gobierno de Javier Milei. A esto se sumó, en marzo, la eliminación de subsidios, lo que agravó aún más el panorama.
Una solución a largo plazo
Para Ricci, el camino pasa por inversiones sostenidas durante cinco a siete años que permitan regularizar la situación de miles de hogares. También pidió tarifas sociales para los sectores más vulnerables y medidas claras para sancionar el hurto de energía, pero sin caer en respuestas estrictamente punitivas.
“No digo que mañana vamos a solucionar el tema”, expresó. “En dos años y medio van a ser más los que paguen que los que no. Eso hay que buscar”.
Con información de Rosario3
