No podemos conceder la libertad de deambular hasta el proceso, porque padecemos estas circunstancias» aseguró el secretario de Justicia de Santa Fe.
El triple crimen de Ibarlucea conmociona a toda la provincia, por la magnitud de la violencia y porque una de las víctimas era una beba de tan solo un año y medio.
Tras asistir a una fiesta de casamiento en la localidad de Ibarlucea, la familia fue baleada desde una camioneta Volkswagen Amarok cuando se trasladaban en un auto marca Audi.
Como consecuencia de los disparos, un hombre de 37 años, identificado como Maximiliano Giménez, y su hija de un año resultaron heridos y fueron trasladados por un particular hasta el Hospital Eva Perón, de la localidad de Granadero Baigorria. Pese a la atención médica que recibieron en el centro de salud, ambos murieron. El cuerpo de Giménez tenía 20 impactos de bala y el de la nena, seis.
Luego de la balacera, los atacantes se llevaron el Audi y secuestraron a Vanesa Romero, la pareja del conductor y madre de la niña baleados: la trasladaron hasta cercanías del Canal Ibarlucea, donde fue asesinada y su cuerpo y el auto fueron calcinados.
En este marco, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, habló de estos hechos y explicó que los protagonistas del casamiento contaban con prisión preventiva domiciliaria por ser investigados en casos vinculados a la venta de drogas.
En tal sentido, Somaglia dijo por LT10 que hay que terminar con el garantismo y pidió compromiso de la Justicia Federal.
«Ma allá del episodio en si, lo que moviliza al ejecutivo de la provincia, es la causa de este episodio, porque se inicia con esa fiesta de casamiento, donde los contrayentes están calificados en un proceso criminal como partícipes directos de una banda de estupefacientes, forman parte del traslado, acopio y distribución de la droga» detalló Somaglia.
Además, contó que la mujer tenía prisión domiciliaria, porque es madre de dos menores de edad, y que recién este domingo fue detenida. En tanto, el contrayente, apodado Pinky Rocha, la Cámara Federal de Rosario había dispuesto la prisión preventiva efectiva, pero la Cámara de Casación de Buenos Aires sostuvo que podía estar en libertad hasta que finalizara el proceso.
En este contexto, el gobierno provincial pidió terminal con el garantismo de los detenidos por el crimen organizado y el narcotráfico: «tenemos que dejar de teorizar tanto sobre las garantías constitucionales, y ver la realidad y las circunstancias por las que están pasando».
«No tenían autorización judicial para hacer la fiesta. Acá fallaron los controles de la Justicia Federal, y por eso pensamos, que de una vez por todas, debemos tomar conciencia que Rosario es el corazón de la narcocriminalidad argentina, y que la Justicia Federal debe ser fortalecida y nos acompañe en esta lucha en pos de esclarecer estos hechos. No podemos conceder la libertad de deambular hasta el proceso, porque padecemos estas circunstancias» concluyó Somaglia.
