Pablo Farías es jefe del interbloque de Unidos en la Cámara de Diputados; convencional electo por el Partido Socialista y durante su etapa de ministro de Gobierno durante la gestión de Miguel Lifschitz trabajó la reforma constitucional que impulsó el Poder Ejecutivo. En diálogo con El Litoral plantea los desafíos del oficialismo y los temas más espinosos.
- Como convencional electo por el Partido Socialista en Unidos, ¿qué les preocupa y qué les ocupa del actual proceso?
- En primer lugar, nosotros tenemos desde hace años construida posición en muchas de las cuestiones vinculadas a la reforma de la Constitución. Por eso nuestra fuerza política mantuvo, todos estos años, siempre la iniciativa de la reforma.
El año pasado cuando tratamos la ley de necesidad de la reforma, junto al radicalismo fuimos, dentro del frente Unidos, las dos fuerzas con mayor incidencia en la definición de qué artículos se propone reformar y sobre todo qué temas, esos 16 temas que titulamos para agregar a la Constitución en la ley de necesidad de la reforma.
Las otras fuerzas, sobre todo que tienen representación parlamentaria dentro de Unidos, como PRO, CREO y UNO también tuvieron opinión y han influido. Principalmente el acuerdo, los consensos, se construyeron a partir de un trabajo en el cual los aportes fundamentalmente se hicieron entre estas dos fuerzas: radicalismo y socialismo.
- ¿Las dos fuerzas están tirando juntos en este proceso, tienen diferencias?
- No se trata de tener diferencias. Una cosa es ponernos de acuerdo con un instituto que debe estar en la Constitución. Hay que definir el sistema de nombramiento de jueces y magistrados, una especie de Consejo de la Magistratura o llámese como quiera, tiene que estar en la Constitución.
Estamos de acuerdo. Estamos ciento por ciento de acuerdo. Cuando tenemos que ir al detalle, seguro empieza a haber matices que inclusive pueden llegar al interior de las fuerzas, porque no son cosas sencillas y que tienen mucho tiempo de debate.
Estamos haciendo un esfuerzo para terminar de ponernos de acuerdo en lo más fino de las cuestiones de la Constitución. También porque desde el espacio mayoritario o el interbloque mayoritario, que es la lista que encabezó Maximiliano Pullaro, tenemos la responsabilidad de llevar adelante la Convención Constituyente.
Además, debemos proponerle al resto de la fuerzas, un primer esquema, un primer borrador del lineamiento, la dirección que le queremos dar a la reforma para buscar el consenso con las otras fuerzas. Si hay algo que tenemos claro, y que consideramos como muy valioso, es que la Constitución sea el resultado del consenso lo más amplio posible.
La lista que encabezó Maximiliano Pullaro tiene la responsabilidad de llevar adelante la Convención Constituyente. Foto: Manuel FabatiaLa lista de Pullaro tiene la responsabilidad de llevar adelante la Convención Constituyente.
Hay que evitar que los artículos que se terminen incorporando a la Constitución sean el fruto solo de una mayoría, técnicamente suficiente, pero que no represente un consenso más allá de un frente político.
Esa es la gran tarea que tenemos por delante, que por supuesto como el tango se baila de a dos. Necesitamos que de la otra parte, de las otras fuerzas, exista la misma voluntad para poder arribar a esos consensos.
- Mirando el proceso, se observa que ni está la regla de juego, el reglamento para el funcionamiento de la convención
- Se está discutiendo el reglamento en este momento. Nosotros la mayor parte de las cuestiones reglamentarias las tenemos acordadas y se está hablando con las otras fuerzas. Antes de que inicie la convención, eso tiene que estar consolidado.
Todo lo que podamos avanzar en acuerdos, en consensos, antes que empiece la convención va a ayudar a que los debates allí se den, se den más rápidamente. Tenemos un problema de lo acotado que son los tiempos para tratar lo que está en la Constitución.
Acotados en el sentido de que si nos extendemos demasiado en los debates, en la expresión de cada fuerza o cada convencional de su opinión o su parecer y no hacemos un esfuerzo por ponernos lo antes posible de acuerdo, nos va a costar desarrollar todo lo que hay que hacer en esos 40 días.
Por supuesto que lo vamos a hacer. No no hay ninguna posibilidad que esto fracase. El tiempo alcanza, pero tenemos que ser muy eficientes en el manejo.
Sobre el reglamento, siempre alguien va a opinar que mejor más comisiones o menos comisiones, pero nos vamos a poner de acuerdo en la cantidad de comisiones, mecánica de funcionamiento y periodo para que se puedan presentar proyectos.
Cerrado ese periodo; trabajar sobre los proyectos presentados, con alguna instancia de apertura a la comunidad, a las instituciones para que puedan expresar opiniones o pareceres sobre las cuestiones que se van a discutir en la Constitución.
- Una parte importante de la reforma es reforma política o de instituciones, ve conflictos allí?
- En principio no, sobre el sistema político en general no. Quizás algunas fuerzas van a mantener un planteo que es más retórico o discursivo, porque sabemos que legalmente es imposible introducirlo, que es la eliminación del Senado.
Cuando eso finalmente quede despejado y quede claro que es algo que no está habilitado para discutirse, será más fácil arribar a consensos sobre cómo va a funcionar o tendría que funcionar el sistema político.
No veo a nadie plantándose en contra de limitar las reelecciones, por supuesto, algunos dirán que para los legisladores quizás hay que ver algún periodo más de reelección que para los ejecutivos; otros pensamos que debiera ser para todos igual.
Nos vamos a poner de acuerdo en los periodos comunales en cuatro años seguro, porque hoy es prácticamente inviable lo que está pasando desde tener elecciones cada dos años en las comunas. También la elección directa de presidentes comunales que hoy es indirecta porque se elige comisión comunal que después designa presidente.
- Un tema importante es la autonomía municipal. El oficialismo ya tiene claro hasta qué punto irá esa autonomía.
- Tenemos claro que los municipios van a ser autónomos. Sobre el alcance de la autonomía tenemos claro que en la búsqueda de las mayores potestades para las administraciones locales hay que evitar que eso genere distorsiones, por ejemplo, en el sistema tributario.
No podemos generar nuevos impuestos y en todo caso habrá que redistribuir mejor los recursos con los que hoy se cuentan de las distintas administraciones del estado.
No una autonomía que implique que municipios y comunas pueden generar cualquier tipo de gravamen sin que haya una lógica de equilibrio y de coordinación en la forma que se distribuyen los recursos y cómo se cobran esos impuestos.
Hay claridad, por supuesto que esto hay que llevarlo a un texto. Todavía los textos no están. Para los que dicen que ya tenemos una constitución y que lo único que queremos hacer es ir a votarla, se equivocan tremendamente. Todavía estamos en esa etapa donde discutimos los temas más en fino y se están empezando a redactar las propuestas, los primeros borradores de artículos.
Farías: «La Constitución debe ser el resultado del consenso más amplio posible». Foto: Manuel FabatiaFarías: «La Constitución debe ser el resultado del consenso más amplio posible». Foto: Manuel Fabatia
- Parte importante habilitada son temas referidos a la justicia y al ordenamiento en el territorio
- Es muy importante y seguramente va a haber opiniones diversas. Es muy importante para la actualización institucional de la provincia avanzar con institutos claros y estables que tienen que estar en la Constitución provincial, sobre todo para la selección de magistrados y jueces y también para los mecanismos de sanción y remoción.
Lo que está hoy claramente no responde a a las necesidades que se tienen. También ahí hay que tener cuidado -en eso todos estamos de acuerdo- de mirar con mucho cuidado lo que pasa a nivel nacional con el Consejo de la Magistratura y no repetir ese esquema.
Puede llamarse Consejo de la Magistratura el mecanismo o la institución a través de la cual se seleccionan los magistrados o se lo sanciona, pero no es esquema nacional que no responde a la agilidad y a la prestancia que debe tener.
El caso Bailaque es lo más claro que tenemos de cómo no funciona adecuadamente el Consejo de la Magistratura Nacional más allá de que muchos de sus integrantes y funcionarios son excelentes personas y muy capacitadas.
La distribución de potestades no es menor, cómo van a funcionar los juzgados, si va a seguir siendo el juzgado tradicional como lo conocemos hoy o vamos a ir más a un modelo de colegio de jueces, como existe en el sistema procesal penal.
También está el rol del Ministerio Público de la Acusación que tiene que tener rango constitucional y ahí se va a presentar discusión si tiene que ser un órgano absolutamente autónomo, extrapoder.
Muchos pensamos que sí, que tiene que tener un poder de autonomía, pero que a la vez tiene que tener fuertes niveles de coordinación dentro del sistema judicial y con el Ejecutivo para tener una política de persecución penal adecuada y consensuada en algún nivel de gobierno.
- Otra parte habilitada es el esquema de nuevos derechos
- Son los 16, bueno, no todos son los nuevos derechos, pero nosotros agregamos 16 temas. Hay mucho de nuevos derechos y algunas cuestiones que decidimos incorporar, que no son tradicionales cuando se habla de nuevos derechos.
A la luz de la realidad que tenemos y que nos va a acompañar por mucho tiempo, seguramente más allá de que aspiramos a mejorarla sensiblemente, es la cuestión de la seguridad, el derecho de los ciudadanos a estar seguros y la obligación del Estado a tener que brindarle esa seguridad.
Esto estaba totalmente fuera de agenda en 1962 y hoy es quizás la principal preocupación de todos los ciudadanos de la provincia, de todos los vecinos de esta provincia y una de las principales actividades e inversiones inclusive que está siendo el estado provincial, con lo cual darle un estándar constitucional es importante.
Obviamente todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, con la inclusión de los tratados de protección diversa que ha firmado el país: derechos humanos, discapacidad, protección de la niñez. Estas cuestiones tienen que tener su impacto en la Constitución.
Más allá de haber sido incorporados a la legislación argentina en la Constitución del 94, creemos que también hay que hacer una consideración específica en la Constitución de la provincia.
Agregar el tema de cuestiones que hacen a la vida de la gente. Consumidores y usuarios es un tema imprescindible. Todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital, derechos digitales, preservación y cuidado de datos de las personas. Hoy eso tiene una gran vigencia y es absolutamente imprescindible que esté su resguardo en la Constitución.
Fuente: El Litoral
