El Poder Ejecutivo de la provincia dispuso «la inmediata paralización de las obras y trabajos realizados sin autorización y en contravención con la normativa aplicable» en dos emprendimientos inmobiliarios en el municipio de Funes, dpto Rosario, e instruyó a actuaciones de distintos ministerios.
Las decisiones están contenidas en sendos decretos (901 y 902) con fecha del último viernes pero que trascendieron este lunes. En ambos instrumentos está la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y de los once ministros del Poder Ejecutivo.
En ambos casos, las actuaciones se iniciaron en la Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático -a raíz una instrucción de la Secretaría de Ambiente de la misma cartera ministerial- tras la inspección realizada por agentes ministeriales a ambas fracciones de terrenos en la ciudad aledaña a Rosario.
En el caso del proyecto inmobiliario denominado «La Reserva» se detectó movimiento de suelos y comienzo de obras hidráulicas referente a retardadores hídricos y canalizaciones; dos reservorios finalizados y un tercero en ejecución; la tierra extraída que era distribuida en el mismo lote y tres excavadoras y una topadora trabajando en el lugar. En el lugar, no encontraron los inspectores al representante del grupo inversor. Para la cartera, el proyecto no tiene estudio de impacto ambiental presentado, ni aprobado. Dicen los considerandos que el desarrollo se encuentra sobre camino rural, en las proximidades del desarrollo Damfield; lindante a dos canales históricos; en las proximidades de la reserva San Jorge; en el perímetro sur se observa tendido de alta tensión y el loteo se encuentra cercado con postes de hormigón y tejido romboidal.
Para la provincia, existe un impedimento legal de iniciar o continuar obras que son susceptibles de degradar el ambiente, sin la aprobación del estudio de impacto ambiental.
En los considerandos se detalla además la posterior intervención de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas quien puso en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación de la irregularidad. La secretaria advierte que «la zona que pretende usar el emprendimiento es de la cuenca de aporte al sistema del arroyo Ludueña, territorio afectado a un embalse, destinado al almacenamiento temporario y lento drenaje para atenuación de las crecidas, afectado explícitamente para que se inunde y donde los procesos hidroambientales son mucho más complejos» .
En La Reserva, además de la paralización de las obras, el decreto de Pullaro instruyó a Fiscalía de Estado a que «evalúe la pertinencia de iniciar las acciones judiciales que correspondan en tutela de los bienes colectivos y de los derechos de incidencia colectiva referidos en los considerandos del presente, incluidas aquellas acciones que tiendan a la recomposición del daño ambiental que se encuentre eventualmente producido y, en caso de que se considere la posible comisión de delitos, de realizar las denuncias penales pertinentes, autorizándose a constituir a la Provincia de Santa Fe como querellante».
También el decreto pide comunicar la decisión a la Municipalidad de la ciudad de Funes y al Ente de Coordinación metropolitana de Rosario (ECOM).
En cuanto a Damfield, el decreto parte del informe de Ambiente y Cambio Climático que junto a personal de Obras Públicas realizaron una inspección el 9 de febrero de 2024. Se señala que el proyecto de urbanización se realiza sin contar con el estudio de impacto ambiental correspondiente. El desarrollador fue intimado a paralizar los trabajos cosa que no se cumplió. En los considerandos del decreto se destacan las distintas áreas del Poder Ejecutivo que fueron interviniendo en el proceso.
«Se detectó, en particular, un emprendimiento que además de obras sin autorización, presenta en los expedientes tramitados de su referencia, omisiones, errores y/o profundo desconocimiento de la normativa vinculada con la temática hídrica a la hora del otorgamiento de los certificados en cuestión». La provincia señala que desde el año 2022 se viene intimando al desarrollador a paralizar los trabajos.
Además de la paralización, el decreto instruye al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático a que en el marco del principio de autotutela y anulación de oficio y por medio de las dependencias que correspondan, proceda a revisar los actos administrativos que pudieran resultar ilegítimos por haberse dictado en contradicción a la normativa aplicable y tengan vinculación con el emprendimiento inmobiliario Damfield.
En cuanto a Obras Públicas, ordena revisar los actos administrativos que pudieran resultar ilegítimos por haberse dictado en contradicción a la normativa aplicable y Desarrollo Productivo revise los actos administrativos que pudieran resultar ilegítimos por haberse dictado en contradicción a la normativa aplicable
Como en La Reserva, se comunica al municipio de Funes y al Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario.
Firmas
Además de Pullaro, los dos decretos son firmados por todos los integrantes del gabinete que tienen rango de ministros. Se trata de Enrique Eloy Estevez, Lisandro Rudy Enrico, Pablo Cococcioni, Gustavo José Puccini; Silvia Susana Ciancio, José Ludovico Goity, Susana Estela Rueda, María Victoria Tejeda, Roald Néstor Bascolo, Fabián Lionel Bastia y Pablo Olivares.
Fuente: El Litoral
