En el marco del proyecto integral de Digitalización de la Justicia Santafesina y como
parte integrante de la búsqueda de una justicia más eficiente, el Poder Judicial de Santa
Fe dio un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial con la
implementación de la Oralidad Efectiva en los procesos de conocimiento civil y
comercial.
Este proceso que comenzó como una prueba piloto el 9 de abril de 2018, y viene
demostrado ser altamente exitoso en la reducción de los plazos de duración de los
juicios y en la mejora de la calidad de las decisiones jurisdiccionales.
Convenio e inicio de la Prueba Piloto
El 5 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó el Convenio
de Asistencia y Cooperación Técnica con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Este convenio fue fundamental
para la implementación de la “Oralidad Efectiva” que se puso en marcha como una
prueba piloto el 9 de abril de 2018 en distintas unidades jurisdiccionales del fuero civil
y comercial santafesino.
Ámbito de Aplicación
Desde su inicio, el ámbito de aplicación de la “Oralidad Efectiva” tuvo distintas
instancias de instauración y aplicación efectiva.
Desde el 9 de abril de 2018, el protocolo de gestión de la prueba comenzó a aplicarse a
toda nueva causa de conocimiento del fuero civil y comercial perteneciente a los
Distritos y Circuitos judiciales de Santa Fe y Rosario. Posteriormente, se amplió su
implementación a toda causa -existente- con traba de la litis.
Hoy más de 65 unidades jurisdiccionales de todo el mapa judicial Santafesino aplican
el uso de la “Oralidad Efectiva” en los procesos de conocimiento de los fueros Civil y
Comercial de Distrito y Circuito, y del fuero Extracontractual.
Protocolo de Gestión de la Prueba
El protocolo de actuación y gestión de la prueba fue elaborado por los
magistrados/as del fuero y garantiza la eficiencia y efectividad del sistema.
Surgido de las conclusiones de un taller llevado a cabo en noviembre de 2017, está
orientado a lograr una eficiente producción de la prueba en el proceso de conocimiento
de los fueros civiles, comerciales de distrito y circuito y extracontractual.
El protocolo se divide en tres etapas: audiencia de proveído de pruebas, etapa
preparatoria de la audiencia de producción de pruebas y audiencia de producción de
pruebas, enumerando las actuaciones que deben llevarse a cabo en cada una de ellas.
El papel del juez/a como director/ra del proceso es esencial. Así como el compromiso
de los abogados/as de las partes litigantes y de los peritos designados en cada caso. El
magistrado/a debe adoptar un rol activo en el diseño e implementación de las distintas
audiencias que se llevan a cabo en el marco del protocolo.
Este protocolo está elaborado en base al Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Santa Fe (CPCC) vigente y es compatible con los procesos ordinario,
sumario y sumarísimo, asegurando así su aplicación a las tres categorías de juicio de
conocimiento previstas por el CPCC.
Resultados y beneficios
Hasta la fecha, se han celebrado más de 33.000 audiencias con presencia efectiva del
juez/a, lo que ha permitido reducir la duración promedio de un juicio a 1 año y 3 meses.
Además, el 93% de los usuarios y el 94% de los abogados han expresado su
satisfacción con la duración del proceso y el trato recibido en las audiencias. Estos
porcentajes se apoyan en las encuestas de satisfacción que se ofrecen a las partes y
sus abogados/as una vez finalizadas las audiencias de oralidad. El 99% de los
encuestados dijo sentirse bien tratado en las audiencias.
Capacitación y Protocolo de Gestión de la Prueba
Para asegurar el éxito de la implementación se llevaron a cabo distintas capacitaciones
a los jueces y juezas de los distintos fueros.
Además, se desarrolló un protocolo de gestión de la prueba que facilita la organización
y el control efectivo del período de prueba, como ya se ha mencionado.
La implementación de la “Oralidad Efectiva” en Santa Fe demuestra ser una
herramienta eficiente y eficaz que busca la modernización del sistema judicial,
aportando calidad en las decisiones jurisdiccionales y un cambio propositivo en el rol
de jueces y juezas como directores colaborativos del proceso judicial.
Fuente: CFIN
