La iniciativa presentada por el Diputado de Unidos solicita que la Agencia de Administración de Bienes del Estado suspenda todo proceso venta de los diversos inmuebles incluídos en el Decreto antes mencionado, hasta que se adapte a la legislación santafesina vigente en materia de urbanización, subdivisiones, loteos, espacios verdes y el correspondiente estudio de factibilidad para la prestación de servicios públicos.
“Nos preocupa profundamente este anuncio del Gobierno Nacional, porque nuestra legislación conforma un marco indispensable para el desarrollo planificado y sostenible de la ciudad”, manifestó Corral, y agregó: “su omisión podría derivar en consecuencias negativas, afectando el equilibrio urbano y el bienestar de los santafesinos, ya que establecen criterios específicos que promueven el uso responsable del suelo, el respeto por el ambiente, y el equilibrio en la distribución de espacios públicos y privados.”
Un ejemplo virtuoso de los últimos años en cuanto planificación conjunta entre ambas jurisdicciones fueron las inversiones que Nación realizó en los terrenos donde hoy se encuentran las torres frente al Parque Federal. Tanto durante las administración de Cristina Fernández a través del programa Procrear, como de Mauricio Macri convocando a la inversión privada, en ambos casos se avanzó con el desarrollo urbanístico y ambiental respetando la normativa que había establecido la ciudad a través de su Concejo municipal.
Riesgos y consecuencias
La normativa santafesina es clara al establecer que cualquier modificación en el uso del suelo debe ser precedida por un análisis exhaustivo de impacto ambiental y social, consultas con actores locales y el respeto por las zonificaciones y los usos del suelo específicos en cada área de la ciudad. Por lo tanto, de concretarse la venta de los inmuebles en los términos del decreto en cuestión, esta podría incurrir en un vicio de ilegalidad y defraudación hacia los compradores. Por ejemplo en el caso de los supuestos lotes ubicado en la ex traza de circunvalación en Guadalupe conocido como “Las Canchitas” dado que el Reglamento de Ordenamiento Urbano contempla estos terrenos como espacios verdes de uso exclusivo. Los compradores podrían ser inducidos a error, creyendo adquirir terrenos habilitados para desarrollos distintos, cuando en realidad el uso autorizado es únicamente para espacios públicos verdes, lo cual afectaría tanto la seguridad jurídica como los derechos de los adquirentes.
Finalmente, Corral subrayó que “es imperativo que el Gobierno Nacional asegure y se adapte a un proceso que respete las competencias locales y permita la participación activa de la comunidad de Santa Fe en las decisiones que impactan en su vida cotidiana y su entorno. Valoramos en este sentido las decisiones recientes del Concejo Municipal de convocar a una mesa representativa de los actores de la ciudad para debatir un Plan Director para estos terrenos tan valiosos para la ciudad”.
Fuente: CFIN
