El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó un nuevo encuentro de la Junta Provincial de Seguridad, donde se analizaron cuestiones relacionadas con el patrullaje urbano, los indicadores de criminalidad, el programa M3 de despliegue policial y la ampliación del sistema 911. También se abordaron la cobertura de cargos judiciales -jueces, fiscales y defensores-, y el estado de la obra pública penitenciaria y la situación de la población reclusa.
Participaron ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial; legisladores de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras; representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público de la Acusación.
Tras el encuentro, desarrollado en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, destacó la importancia de “encontrarnos todos los poderes del Estado e involucrarnos en las políticas de seguridad pública que venimos impulsando”. Precisó además que se trabajó sobre “la ampliación del sistema 911, la mejora del método de trabajo policial -que se está expandiendo a distintas localidades de la provincia-, y las tareas de inteligencia criminal vinculadas a delitos económicos y su conexión con el narcotráfico. Una agenda compleja que fue abordada con mucha responsabilidad”.
Santantino señaló que “ya tenemos algunos indicadores que reflejan una gestión con buenos resultados, pero debemos seguir proyectando lo que falta, que es mucho más de lo que logramos hasta ahora”. Y agregó: “Si bien ha bajado considerablemente la violencia, necesitamos entender cuál es el remanente que aún persiste. El desafío es analizarlo con mayor profundidad para mejorar nuestras herramientas de diagnóstico y las estrategias de abordaje”.
“No es que todo esté resuelto; falta mucho. Pero, entendiendo que la dinámica cambió, lo que necesitamos es mejorar nuestras herramientas de planificación y diagnóstico para el despliegue operativo. El desafío hoy es expandir el método de trabajo y los recursos policiales para mejorar la seguridad en toda la provincia”, concluyó.
Cargos judiciales
El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, informó que “se remitieron a la Legislatura y fueron aprobados 39 fiscales adjuntos subrogantes, que se incorporarán al MPA en distintas circunscripciones; además de otros 13 que cubrirán el traspaso del viejo sistema de enjuiciamiento de menores a la nueva justicia penal juvenil. Está en marcha, además, el concurso para cubrir la Fiscalía Regional 2”.
Agregó que “ya finalizaron los concursos de jueces para la Cámara Penal y para jueces penales de menores, y próximamente enviaremos pliegos de defensores”.
Asimismo, anunció que “vamos a convocar concursos para cubrir cargos de jueces de familia y de responsabilidad extracontractual en Santa Fe y Rosario. De esta manera, tanto en el fuero civil y comercial como en el penal, se evidencia un claro acompañamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad para cubrir vacantes”.
Obra pública penitenciaria
Por su parte, el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, informó que se prevé ampliar las plazas carcelarias a 7.300, con una inversión de 520 millones de dólares, con el objetivo de atender “la necesidad que hoy tiene la provincia”.
“Vamos a habilitar la Subunidad 4 del Penal 5 de Rosario y un nuevo penal en Santa Felicia (departamento Vera), lo que permitirá desalojar comisarías. Además, ejecutaremos siete obras penitenciarias”, detalló.
Leone destacó que “entre 1984 y 2024 se sumaron 4.200 plazas, y nosotros, en cuatro años, proyectamos superar las 7.000 para contar con un sistema penitenciario controlado. El plan ya está en marcha y lo vamos a llevar adelante”.
Junta Provincial de Seguridad
La Junta Provincial de Seguridad es un órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la provincia. Está integrada por representantes de los tres poderes del Estado, con el objetivo de facilitar el diálogo interinstitucional en materia de seguridad, coordinar acciones conjuntas de prevención y mitigación, recabar y analizar datos sobre inseguridad, y planificar políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia.
Fuente: CFIN
