Mientras cumple su último mes de suspensión, el fiscal Aldo Gerosa tendrá la oportunidad de defender su desempeño profesional ante casos de abuso sexual en el Ministerio Público de la Acusación del norte santafesino.
Por unanimidad, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que forman ocho diputados y cuatros senadores, decidió citarlo para el 17 de marzo próximo a los fines de exponer su defensa. El presidente de la bicameral, Joaquín Gramajo (9 de Julio), confirmó que está previsto que ese mismo día los integrantes de la comisión firmen un dictamen de consenso o -de corresponder- más de uno si se producen disidencias.
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El senador de Unite (que forma parte del interbloque del oficialismo) explicó ante una consulta que, tras el o los dictámenes, deben pasar 72 horas para que eventualmente sea convocada la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras para imponer posibles sanciones o la remoción del fiscal cuyo apellido ha quedado en la prensa asociado al caso llamado «caso Galaz».
Gerosa habrá sumado casi diez meses de suspensión para cuando vaya a su cita con Acuerdos. Así lo dispuso el Poder Legisaltivo en dos oportunidades y sin votos en contra (solo hubo abstenciones), al entender que correspondía una sanción disciplinaria.
El caso Galaz
El proceso disciplinario llevado a cabo por la Legislatura encontró a Gerosa responsable de haber revictimizado a una joven que sufrió graves y reiterados abusos sexuales en su infancia por parte de un familiar, Marcelo Galaz, quien hasta ese juicio ocupó cargos políticos relevantes en el radicalismo y en la municipalidad de Avellaneda, en el departamento General Obligado.
Galaz fue detenido en la mañana de 16 de julio de 2021 en su despacho oficial de ese municipio. Era el secretario privado del entonces intendente municipal, Dionisio Scarpin, el ex senador nacional que dejó ese cargo en el Congreso para asumir como diputado provincial.
Durante 2024, Acuerdos se avocó a estudiar la actuación de Gerosa porque el auditor general del MPA, Leandro Mai, encontró seis «conductas disvaliosas» con un cúmulo de pruebas en el marco de una «justicia clasista» y una «trama de protección para atenuar la condena» del acusado (Galaz) mediante un juicio abreviado que concluyó con una condena de 7 años. Inicialmente, el fiscal de Reconquista suspendido había pedido 32 años.
Por ley, el auditor debe remitir a la bicameral de Acuerdos las faltas que de ser comprobadas considere graves. Los 8 diputados y 6 senadores que componen Acuerdos consensuaron un dictamen en el que había posiciones a favor de la destitución lisa y llana.
El caso tuvo una doble mirada en cuanto a los reproches que se han formulado a la Justicia. Por una parte, la escasa pena que logró obtener el ex funcionario municipal (también cercano al senador provincial radical Orfilio Marcón, de General Obligado) porque su defensa convenció al Ministerio Público de la Acusación de aceptar un juicio abreviado con solo 7 años de prisión efectiva, que también fue consentido por un tribunal; por otra, las acciones durante el proceso que en la interpretación de la Auditoría del MPA y de expertos revictimizaron a la joven que durante su infancia sufrió los graves abusos sexuales por parte de un familiar directo.
La ex diputada socialista Erica Hynes actuó como acusadora de Gerosa. En agosto del año pasado, le había pedido el máximo rigor en el dictamen de la Comisión de Acuerdos: la expulsión del MPA pero no logró el consenso de sus pares. Su exposición sobre los hechos considerados por los legisladores, en la sesión conjunta que impuso la suspensión del fiscal con el goce de solo la mitad de sus haberes, describieron una «cambiante estrategia judicial» y hasta de trato del fiscal Gerosa para con la víctima de violaciones en su infancia que, ya mayor de edad, decidió llevar en la Justicia.
La actual secretaria de Ciencia y Técnica no encontró, en los últimos meses de su mandato en la Legislatura, el acompañamiento de sus pares en la bicameral y tampoco en la Sesión Conjunta. En su exposición se destaca la idea de que hubo «un quiebre inexplicable» que coincide con el momento en que el fiscal comprende que no será juez. Formula entonces declaraciones a la prensa y hasta se permite «dar a conocer la identidad de la víctima de Galaz». Avellaneda, como toda ciudad chica, la expone aún más.
Cambio
Hynes dijo que inicialmente Gerosa puso «especial pericia de la fiscalía en conducir el proceso judicial de manera de no dañar su resultado y no revictimizar a la joven denunciante» en 2021, como cuidar con la cámara Gesell su declaración. Pidió inicialmente 32 años de condena y ofreció en un abreviado 22, bajo hechos como «abuso sexual gravemente ultrajante reiterado», «acceso carnal reiterado agravado» a una menor y siendo el autor «encargado de la guarda y cuidado». También haber «provocado un grave daño a la salud mental de la víctima, en concurso ideal con la promoción de la corrupción de menores agravada por la convivencia».
Pero luego todo cambió: se sometió a la denunciante a un careo con el violador, se hizo pública su identidad y se revisó la medida de prisión preventiva: Galaz por entonces quedó en libertad y según Hynes se le mintió a la víctima respecto de qué podría o no hacer su victimario al salir de prisión.
«En noviembre de 2022 y ante la proximidad del juicio, es el momento en que se evidencia el mayor cambio en el desempeño de la unidad fiscal. El 10 de noviembre Gerosa propone un acuerdo abreviado por 6 años», finalmente al caerse ese acuerdo serán 7.
Para la actual funcionaria provincial, por entonces diputada, se trató de «un proceso que se inició correctamente» pero «se desvió completamente de camino (…) se dejó de informar, de proteger, de buscar justicia. Todos los mensajes que el fiscal y los empleados exhiben, de cordialidad y buen trato, y agradecimiento, finalizan en noviembre de 2022, cuando cambia el rumbo, hacia el apuro por cerrar un abreviado desventajoso».
El fiscal además «realizó declaraciones indecorosas en los medios, trayendo a colación su situación personal y laboral y mezclándola con el contexto político y con el devenir de la causa».
Fuente: el Litoral
