El 19 de noviembre último, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia dio por iniciado el trámite jubilatorio del actual titular de la fiscalía regional N° 4, Rubén Martínez quien en meses más dejará el cargo aunque los términos de la transición están siendo analizados con la fiscal general, María Cecilia Vranicich.
Martínez está cumpliendo su segundo mandato como fiscal regional aunque no terminará el plazo de seis años que le fija la norma, según le dijo a El Litoral. «Ciclo cumplido» añadió aunque dijo que esperará la designación de nuevos fiscales del concurso que se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura y que deberá luego superar la instancia de la Asamblea Legislativa.
«Ciclo cumplido»
Insistencia familiar, edad y ciclo cumplido son los tres argumentos que señala Martínez para justificar la decisión. Descarta las denuncias contra él efectuada en diciembre por un juez. «Me hicieron siete denuncias y seis ya fueron desechadas. Tengo el cuero curtido» le dijo a El Litoral.
Desde Reconquista, Martínez señala que «existen tres razones que me impulsaron a tomar la decisión de iniciar los trámites de jubilación».
«La insistencia de mi esposa y mi familia para que deje de trabajar, luego de 11 años durmiendo pocas horas, con stress y preocupación dado que le di prioridad absoluta al MPA sobre mis cuestiones personales; la edad, he cumplido luego de 41 años de trabajo, 30 como abogado y 11 como fiscal y Fiscal Regional con una salud deteriorada por el stress continuo y creo que ha llegado mi fin de ciclo».
El fiscal regional admite que hubo desde 2023 denuncias y trascendidos «que apuntaron a sospechar sobre la honorabilidad y el trabajo. Además los obstáculos externos e internos que debemos soportar en nuestra diario labor y que dificultan enormemente la tarea. En varios planteos sobre falta de medios humanos y de otro tipo no hemos sido escuchados», agrega.
«No creo estar en condiciones de salud para enfrentar los desafíos cada vez más crecientes y he conversado la decisión con la fiscal general a los efectos de ir armando la transición».
Martínez inició el 27 de noviembre su segundo mandato como fiscal regional que tiene final en 2029 pero que ha resuelto acortarlo. Su pliego fue aprobado en 2023 junto a los restantes regionales y el general al igual que las máximas autoridades del sistema de Defensa Penal.
Luego, sobre inicios de la gestión de Maximiliano Pullaro el Poder Ejecutivo impulsó reformas al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y entre otras cosas dotó de mayor poder al cargo de fiscal general que ahora es quien imparte directivas a los regionales.
«Lo mío no es una huida» insiste Martínez quien está en el MPA desde su creación en 2014. «El MPA es como un hijo» subraya. «No me asustan las críticas ni las investigaciones hacia mi persona. Estoy muy tranquilo con lo que vengo realizando».
No obstante, plantea Martínez la necesidad de contar con mayor número de fiscales, previstos incluso en la ley orgánica del MPA. Para la fiscalía N°4 la norma prevé 17 fiscales y tenemos apenas 9: 5 en Reconquista, 2 en Vera y 2 en Las Toscas e incluso algunos bajo investigación o por parte de la Auditoría del MPA o de la comisión de Acuerdos de Legislatura.
En el Consejo de la Magistratura, el concurso para fiscales está en la etapa final y el objetivo del Poder Ejecutivo y de la conducción del MPA es tener una lista definida en febrero para enviarla a Legislatura y lograr su convalidación.
Mediación
Las oficinas de Mediación Penal atendieron unos 800 casos en 2024 en toda la provincia. Dichas oficinas tienen por objeto la gestión de conflictos penales desde una justicia penal más próxima y cercana a las demandas de los ciudadanos y sus intereses, otorgándole un valor de servicio público eficaz, cercano y ágil.
El organismo cuenta con oficinas en Santa Fe, Vera, Villa Ocampo, Las Toscas y Venado Tuerto, y mediante la mediación se apunta a lograr un servicio más eficiente, un contacto más fluido en las derivaciones de legajos y abordajes de trabajo con la Fiscalía.
De ese modo se genera un impacto positivo en el servicio de justicia en general, permitiendo en muchos casos desactivar conflictos y pacificar relaciones y/o situaciones, lo que previene las escaladas de violencia y reduce la conflictividad.
La Dirección informó que durante 2024 atendieron unos 800 trámites, siendo la mayoría de ellos conflictos generados por lesiones culposas en accidentes de tránsito, de los cuales se superaron satisfactoriamente el 41 % (los casos que no se judicializaron).
En tanto que del 59 % restante hubo imposibilidad de ubicar a las partes, inasistencias, y solo en pocos casos las partes decidieron continuar la acción penal.
Fuente: El Litoral
