En cuanto el Senado de la Provincia de Santa Fe le quitó los fueros (con los que se había blindado en 2020), el senador Armando Traferri interpuso por medio de sus abogados defensores un recurso de queja para que se aparte de su caso a los dos fiscales acusadores: Matias Edery y Luis Schiappa Pietra, porque han «faltado a su deber de actuación objetiva de una forma grave y manifiesta, de manera tal que han comprometido severamente el desempeño de su actuación», según el legislador.
El representante por San Lorenzo pidió una audiencia pública para mostrar las pruebas contra ambos, a la que se permita el acceso a los periodistas. Traferri ha dicho, luego de lograr su reelección por el 42% de los votos, que irá «hasta las últimas consencuencias» para evitar que «la libertad de los ciudadanos no esté en manos de estos fiscales».
Durante la exposición que brindó en el recinto de la Cámara alta, cuando les pidió a sus pares de todas las bancadas que reviertan su resolución y lo autoricen a presentarse ante la justicia y ser imputado (no puede ser encarcelado) sostuvo que en estos tres años logró reunir pruebas que le permiten no solo defenderse sino acusar a sus acusadores. Ese será finalmente el primer paso de su estrategia legal.
El fiscal de Rosario, Matías Edery. Crédito: Gentileza La CapitalEl fiscal de Rosario, Matías Edery. Crédito: Gentileza La Capital
Sus abogados Oscar Romera y Juan Murray presentaron un escrito ante la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, que solicita el apartamiento del caso Traferri para esos fiscales. (Como se sabe, Matías Edery está hoy bajo un proceso disciplinario en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que votó el avocamiento tras la inhibición de la Auditoría del MPA, y todavía no se sabe si la diputada Lorena Uleldin, cuyo mandato termina en la primera semana de diciembre, aceptará o no ser su acusadora).
Edery es cuestionado por los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca por sus vínculos y el intercambio de información con Mariana Ortigalal, presa por ser parte de la banda Los Monos, en una causa por extorsiones y balaceras. Un primer dato al respecto: Moreno Socca fueron apartados por la fiscal regional Iribarren por haber hecha pública ante la prensa la identidad de Ortigala, una testigo protegida en otra causa (contra el clan rival de los Alvarado). Y una segunda acotación nada al márgen: Edery, y también Schiappa Pietra, escucharon el apellido Ortigala en varias oportunidades como parte de las extorsiones a Luis Peiti, un capitalista del juego clandestino, que tanto era exprimido en pagos mensuales por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal. Pese a esas acusaciones de 2020 no hubo una línea de investigación en la llamada causa del juego ilegal por la que ahora podrá ser por fin imputado Traferri al ser levantadas sus inmunidades.
En su banca, el 21 de septiembre, dijo que durante el actual gobierno provincial de su partido «la organización para espiar ilegalmente a objetivos establecidos y armarles causas llegó a tal nivel que el entonces ministro de Seguridad (Marcelo Sain) designó a una persona de su confianza para que trabajase dentro del MPA analizando la información recogida y reportando directamente a él. Esto debería ser realmente un escándalo. Había comunicación fluida con fiscales que reportaban directamente al entonces ministro y a su equipo de trabajo, según surge de los peritajes a sus dispositivos electrónicos», abundó.
Y enumeró: «Accedieron ilegalmente al registro de las llamadas entrantes y salientes de mis teléfonos, a la geolocalización de mis dispositivos móviles, violaron mi secreto bancario, les armaron causas a personas de mi entorno para escuchar las conversaciones conmigo, entrevistaron a supuestos testigos reservados en el domicilio personal del entonces ministro de Seguridad ¿Y qué encontraron? Nada que me incriminase. Porque tal cosa no existe», afirmó.
Traferri sostiene esos argumentos desde que comenzó el caso en su contra, desde una posición incómoda porque optó por el privilegio como legislador de no someterse a juicio. Ahora lo afrontará desde el banquillo de los acusados, tras los comicios provinciales y la crisis que muestra el MPA de Rosario precisamente con Edery en el centro de las miradas. De todos modos, hace ya un año en que el senador sintió que la taba comenzaba a darse vuelta: desde noviembre de 2022 Traferri es considerado por la fiscales de la ciudad de Santa Fe como víctima de espionaje, en la causa Sain.
Lo mismo les sucedió a otros dirigentes políticos y personalidades públicas que fueron «perfilados», como el hoy gobernador electo Maximiliano Pullaro, funcionarios del propio gobierno como Héctor «Pirucho» Acuña, empresarios, periodistas como el fallecido por esos días (de un infarto) Mauricio Marona, y empresarios de medios, como el titular de Arcadia y principal accionista de El Litoral, Nahuel Caputto.
Ahora aquellas declaraciones públicas de Traferri están avaladas por el caso Sain e incluso por un audio del propio ex ministro y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del MPA (en una polémica licencia) en la que «como compañero» les reprocha a los fiscales Edery y Schiappa Pietra no tener suficientes pruebas contra el por entonces jefe del bloque Juan Domingo Perón en el Senado.
mpaLa sede del MPA en Santa Fe.
Metáfora
El escrito que tiene en sus manos Iribarren (que debió ir a Acuerdos a dar explicaciones sobre la crisis entre sus subordinados días atrás) afirma que las acciones de los fiscales «responden a una matriz de ilegalidad en donde los rastros de sus desvíos han quedado esculpidos en piedra». Les endilga «una visible actitud desleal y de mala fe, cuando no, manifiestamente contrarios a la Constitución Nacional y Provincial, y a las leyes cuyo cumplimiento les incumbe observar» a funcionarios del MPA.
El pedido de apartamiento dice que los fiscales no fueron objetivos que carecieron de «buena fe, lealtad, y legalidad». Y advierte que «del relato fáctico que forma el corpus de este escrito se desprenden hechos con apariencia de delito». En ese contexto, agrega: «detrás de la maniobra estaba el por entonces ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain».
Entre las pruebas ofrecidas hay «testimonios de trabajadores del Organismo de Investigaciones quienes recibían órdenes de ‘llevarse puesto’ al senador». Ese testigo citado por la defensa afirma: «Hubo mucho interés el último año con todo lo que pasaba en Traferri. Había mucho interés en encontrar algo que lo perjudique»
De las relaciones probadas entre integrantes del MPA y Sain queda claro para el escrito que se excedían largamente los vínculos institucionales. «La información recabada en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados en el allanamiento al Ministerio de Seguridad da cuenta de un intercambio cotidiano, en el que los fiscales recibían órdenes y recomendaciones de Sain y, a la vez, reportaban su trabajo a él».
«Los funcionarios del Ministerio de Seguridad solicitaban, y los fiscales proporcionaban, información sensible sobre investigaciones en curso».
Finalmente, el tercero de los apartados, llamado «El sumario de Cotichini», desglosa el proceso disciplinario realizado por la Auditoría del MPA contra Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia del OI, que permitió destapar el Espionaje Ilegal. En esta causa, justamente, Traferri es querellante y como se ha dicho, víctima.
Fuente: El Litoral
