La Justicia de Santa Fe ordenó a AR Zinc SA avanzar con la remediación del pasivo ambiental acumulado en su predio de Fray Luis Beltrán y ejecutar obras para evitar un posible desmoronamiento de la barranca sobre el río Paraná.
La resolución fue dictada por el juez Eugenio Romanini luego de una audiencia realizada en los tribunales de San Lorenzo. El planteo había sido impulsado por el fiscal Maximiliano Nicosia y acompañado por representantes de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
El caso genera preocupación por la presencia de residuos derivados del procesamiento de metales pesados, sumada a la erosión de la barranca y al riesgo de que parte del material termine afectando al río Paraná o las napas subterráneas.
Un predio con 800.000 toneladas de residuos
La planta funcionó desde 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas ubicado entre la Ruta Nacional 11 y el río Paraná.
En 2005, la empresa fue adquirida por la multinacional suiza Glencore. La actividad productiva se detuvo en febrero de 2016 luego de una avería en uno de los hornos.
Según lo expuesto en el expediente, tras el cierre quedó un importante pasivo ambiental sin remediar. En el lugar se acumularon unas 800.000 toneladas de residuos, entre ellos jarosita y materiales que contienen metales pesados como plomo, cadmio y arsénico.
En 2021, la propiedad pasó a manos de Integra Capital, grupo vinculado a las inversiones de Vila-Manzano. Con la adquisición también quedó bajo su órbita la responsabilidad sobre el pasivo ambiental existente.
Riesgo sobre el río Paraná
Uno de los principales puntos señalados por la Fiscalía es el deterioro de la barranca y el riesgo de un eventual desmoronamiento hacia el Paraná.
A esto se suma la posibilidad de que las lluvias favorezcan el desplazamiento de sustancias contaminantes hacia las napas subterráneas. La situación fue considerada especialmente crítica ante el pronóstico asociado al fenómeno climático de El Niño.
La Fiscalía solicitó un plan integral de intervención, que contemple el apuntalamiento de la barranca, el cierre perimetral del predio y las tareas necesarias para remediar el suelo afectado.
Una orden judicial que ya tenía antecedentes
La situación también registra antecedentes judiciales. En 2022, un juzgado civil había ordenado la realización de obras destinadas a apuntalar la barranca, en el marco de un expediente iniciado en 2020.
Según lo expuesto durante la audiencia, esos trabajos no fueron ejecutados por la empresa.
Los plazos establecidos por la Justicia
La resolución fijó un cronograma específico para que AR Zinc avance con las medidas requeridas.
En un plazo de 10 días, la empresa deberá informar qué alternativa adoptará para el tratamiento del pasivo: remoción, tratamiento o contención de los residuos.
Luego tendrá 15 días para presentar la documentación técnica, identificar al equipo profesional responsable y entregar un cronograma de ejecución. El programa no podrá extenderse por más de ocho meses.
Además, AR Zinc deberá presentar informes de avance cada dos semanas. El cumplimiento será supervisado por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
La resolución busca contener el riesgo ambiental existente y avanzar sobre un pasivo que permanece en el predio desde el cierre de la actividad industrial.
