La resolución judicial y la aclaración posterior
En una decisión poco frecuente, la Justicia de Santa Fe ordenó una medida de distancia de 200 metros entre las autoridades de la Municipalidad de Sauce Viejo y los integrantes de los cuerpos orgánicos del gremio ASOEM, en el marco del conflicto que ambas partes mantienen desde hace varios meses.
La resolución fue dictada por el juez Sergio Carraro durante una audiencia realizada este jueves en los Tribunales provinciales. Sin embargo, la redacción inicial del acta generó interpretaciones contradictorias respecto de su alcance, lo que motivó la emisión de una aclaratoria oficial durante la mañana de este viernes.
Qué establece la medida judicial
Según precisó el magistrado, la disposición ordena que las autoridades del Ejecutivo municipal y los representantes gremiales eviten cualquier tipo de contacto dentro de un radio de 200 metros de la Municipalidad de Sauce Viejo y sus dependencias.
Asimismo, se estableció que las autoridades de ASOEM no podrán acercarse a las dependencias municipales alcanzadas por la medida durante un plazo de seis meses o hasta que se resuelva el conflicto que originó la intervención judicial.
El juez aclaró expresamente que la resolución no impide que las autoridades municipales ni los dirigentes sindicales ejerzan sus funciones habituales en sus respectivas sedes institucionales.
El origen del planteo judicial
La audiencia se desarrolló en el marco de un pedido impulsado por el apoderado legal del municipio, Oscar Fabián Velázquez, quien argumentó que la escalada del conflicto sindical había generado situaciones de tensión que requerían una intervención preventiva de la Justicia.
La solicitud se apoyó en la figura del «cese provisorio de estado antijurídico», prevista en el artículo 207 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
Durante la audiencia, tanto el representante legal del municipio como el fiscal Marcelo Nessier señalaron que el conflicto se encontraba momentáneamente desactivado, ya que durante la semana no se registraron medidas de fuerza ni manifestaciones. Por ese motivo, advirtieron que cualquier resolución podría tener un carácter «en abstracto».
Argumentos de las partes y decisión del juez
A pesar de la disminución de la conflictividad en los días previos a la audiencia, las partes expusieron sus posiciones ante el magistrado.
En ese contexto, el representante legal del municipio solicitó una medida perimetral para los dirigentes sindicales con el objetivo de evitar eventuales enfrentamientos futuros.
Tras escuchar los planteos, el juez consideró que, aunque el conflicto se encontraba transitoriamente atenuado, persistía la posibilidad de que se reactivaran situaciones de tensión. Por ello resolvió aplicar la medida preventiva por un período de seis meses.
Posibles apelaciones
Luego de conocerse la resolución y su posterior aclaración, tanto el municipio como los representantes gremiales analizaban la posibilidad de presentar recursos de apelación para que la medida sea revisada por instancias superiores.
La decisión judicial continúa generando repercusiones debido a su carácter excepcional y a las interpretaciones que surgieron tras la difusión inicial de la resolución.
