El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX. Una de ellas es la que impulsa una nueva ley de divorcio, que no exige ir a la Justicia.
El paquete presentado por el Ministerio de Desregulación incluye el proyecto que permite disolver el matrimonio de común acuerdo en un acto administrativo ante el Registro Civil, con el objetivo de facilitar el trámite y acortar los tiempos.
El proyecto que modifica la ley de Divorcio consiste en, básicamente, agregar una causa más de disolución del matrimonio.
El texto que aún tiene vigencia de ley señala que las causas de disolución del matrimonio, son: a) Muerte de uno de los cónyuges, b) Sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, c) Divorcio declarado judicialmente. Este proyecto de ley, enviado por el ministro Federico Sturzenegger al Congreso, agrega a esa lista el “divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el declarado en sede judicial”.
También se propone modificar el art. 437 del Código Civil y Comercial que dispone que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. En la nueva versión se le agrega a este punto que “en sede administrativa, exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal”.
Los detalles de la Ley Hojarasca
Federico Sturzenegger detalló que se buscan eliminar unas 70 leyes entre las que figuran normas donde no se podían realizar protestas y se imponía cárcel por defender en ámbitos internacionales los derechos humanos o tener un carnet de mochilero. «La ley promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país», dijo.
En un comunicado, señaló que se apunta a eliminar aquellas normas que «generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros».
El funcionario especificó a través de la red social X, que se derogan las leyes que «limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad».
Entre ellas, mencionó una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que «impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país». También informó que se busca eliminar la ley 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que «el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario».
El ministro también señaló que se busca anular la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse que obligaba «a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión».
Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, «hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática».
